Sabsay: "El decreto tiene elementos para ser constitucional"

Para el abogado constitucionalista, Daniel Sabsay, el DNU que firmó el presidente Mauricio Macri sobre la extinción de dominio “contempla los elementos básicos para ser considerado constitucional”.

En este marco, explicó a Cadena 3 que para que se dicte un decreto hace falta que se presenten circunstancias excepcionales que impiden el tratamiento normal de las leyes para su sanción.

En este caso, recordó que “la excepcionalidad se da porque sabemos que existe una cantidad de bienes y dinero que ha sido extraído de las arcas públicas tanto por funcionarios como empresarios, pero el Estado no cuenta con las herramientas necesarias para recuperar esos bienes”.

Y señaló que: “Cuanto más pasa el tiempo, más difícil se hace recuperar esos bienes en posesión de pícaros que saben cómo sacarlos para después recuperarlos”.

En segundo punto, Sabsay apuntó la violación de Argentina de dos convenciones –la Convención Internacional contra la Corrupción y la Interamericana- “que la obligan a tomar todas las medidas necesarias para evitar que estos delitos prosperen y se puedan recuperar los bienes mal habidos”.

Por último, advirtió que frente a una situación tan grave, si respetamos la institucionalidad “nos quedamos sin el producto de la corrupción”.

Este DNU es muy especial porque muchas veces involucra a los legisladores y también tiene que ver con todos los hechos que se han cometido.

“No me gusta que las instituciones se transformen en una trampa para la democracia e impidan solucionar problemas tan graves, donde han desaparecido campos, autos y todo tipo de bienes sustraídos para las arcas públicas”, opinó.

“Si esto sirve para que el Congreso lo trate, ha sido una muy buena medida. Por supuesto que lo ideal y lo que corresponde es una ley de relación”, advirtió.

En cuanto a los contenidos del decreto, detalló que se produce un proceso penal y otro civil que apunta directamente a la extinción de dominio de bienes.

“El problema en la actualidad es que se tiene que terminar con el proceso penal en todas sus instancias, lo que implica años, aún cuando el Estado los puede recuperar no los puede extinguir ni vender, los tiene en guarda y le sale carísimo”, precisó.

Entrevista de Miguel Clariá.