Reforma laboral: por qué no es posible un tope a las indemnizaciones

El abogado laboralista Julián de Diego analizó los principales componentes de la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, un proyecto que, según señaló, se estructura en tres grandes bloques: uno con acuerdos ya consolidados, otro con temas a revisar y un tercero que anticipa un debate complejo tanto en el plano sindical como empresarial.

De Diego afirmó en Cadena 3 que el primer capítulo —la regularización de los trabajadores no registrados— cuenta con consenso prácticamente unánime. "Hay entre un 43 y 44% de la población laboral que está en la clandestinidad. Nadie discute que debe blanquearse: ni la CGT, ni la Unión Industrial, ni el Gobierno", indicó.

Señaló que esa informalidad "desfinancia la seguridad social, afecta a los futuros jubilados, deja a millones sin obra social ni cobertura médica" y consideró que su abordaje es "una prioridad absoluta".

El abogado subrayó que los votos decisivos para aprobar la reforma provendrán del acuerdo entre el Gobierno nacional y los gobernadores. "La reforma laboral debe hacerse por ley del Congreso, dentro del régimen constitucional, para que sea obligatoria en todo el país", remarcó.

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El segundo bloque incluye aspectos que generan reservas —en especial del lado sindical— como el banco de horas o la posibilidad de otorgar vacaciones en tramos a lo largo del año. De Diego anticipó que estos puntos estarán en la reforma, aunque con "algunas correcciones".

El tercer capítulo, dijo, será "el más difícil de acordar". Allí se discuten modificaciones a los convenios colectivos, cambios en la Ley de Asociaciones Sindicales, duración de mandatos sindicales, límites a la tutela gremial y la eliminación de la ultraactividad, que mantiene vigentes convenios vencidos. "Tenemos convenios de 1975 aún vigentes por esta anomalía. Es un lastre para el empleo", sostuvo.

También mencionó que en ese capítulo se juegan intereses sensibles del entramado gremial y empresarial, vinculados a cuotas sindicales, cuotas solidarias y el manejo de las obras sociales.

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Consultado sobre la posibilidad de establecer un límite a la indemnización por despido —figura promovida por algunos sectores empresarios— De Diego se mostró contrario a esa medida. Explicó que, si se fijara un tope, se verían afectados derechos adquiridos de trabajadores con muchos años de antigüedad.

“Si una persona tiene 20 años de antigüedad y le ponemos un tope de 10, se va a judicializar. Y probablemente la jurisprudencia le dé la razón”, advirtió. Agregó que, para quienes inicien su relación laboral ahora, un eventual tope recién se aplicaría en 2035. "En la Argentina no sabemos qué va a pasar en seis meses, mucho menos en 2035. No es una reforma eficaz".

Sin embargo, reconoció que la propuesta cuenta con impulso de sectores empresariales, sobre todo por la cantidad de trabajadores con antigüedad elevada dentro del sistema registrado.

De Diego dijo que las políticas más exitosas son las de "aplicación inmediata", como el período de prueba de seis meses y la eliminación de multas laborales incluidas en la Ley Bases. "Eso hay que buscar en este nuevo paquete de reforma", concluyó.

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Entrevista de Miguel Clariá.