Quinteros justificó la purga policial pero esquivó opinar sobre Flores

El escándalo de abuso sexual infantil y grooming que involucra al entorno del legislador oficialista Ramón Flores —a quien el cuerpo legislativo le otorgó una licencia tras la detención de su asesor— derivó en un fuerte sacudón dentro de la fuerza provincial. 

Frente a la gravedad de los hechos, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, decidió remover a la cúpula de la Departamental Río Seco, aunque evitó expedirse de manera directa sobre la situación política y la conducta institucional del parlamentario en la Unicameral.

Consultado sobre la decisión de apartar a las autoridades de Villa María de Río Seco, Quinteros sostuvo que la medida busca resguardar a la fuerza ante sospechas de irregularidades internas: "Ante la simple situación de que pueda haber habido una situación anormal dentro de una comisaría, a nosotros nos hace tomar decisiones de manera inmediata". 

En ese sentido, fundamentó la purga en la necesidad de cuidar la confianza pública: "Cuando una institución, por algún motivo, la sociedad comienza a tener dudas de su funcionamiento, lo mejor que hay es tomar decisiones. Me parece que lo mejor es oxigenar la cúpula de ese lugar e investigar. Una institución como la policial tiene que tener absoluta credibilidad".

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El titular de la cartera de Seguridad detalló cómo se originó el expediente que terminó destapando la trama en el norte cordobés: "Toda esta causa se comenzó a investigar el primero de julio por una denuncia de un paradero de una mamá. La Dirección de Investigación Criminal de la policía encontró a dos menores y, a partir de la apertura del teléfono, pasó todo lo que pasó posteriormente". 

A su vez, confirmó las actuaciones administrativas internas en paralelo a la causa judicial: "La fiscal Cepede está investigando una causa del año 2020 en la que va a tomar una determinación sobre una denuncia sobre hechos del 2004. Inmediatamente inicié un sumario administrativo que se está tramitando en el Tribunal de Conducta de la Fuerza. Son hechos de hace seis años, pero los vamos a investigar en la actualidad; si hay responsabilidades, los responsables pagarán".

Sin embargo, al ser interrogado sobre el rol del oficialismo y el resguardo político que rodea al legislador Flores —exintendente de la localidad donde ocurrieron los hechos y cuyo asesor parlamentario se encuentra imputado y detenido—, Quinteros prefirió no emitir juicio de valor y marcar la división de poderes: "Mire, con todo respeto debo decirle que es tanto el trabajo que nosotros tenemos que verdaderamente no me corresponde que yo opine de algo que hace otro poder del Estado. Yo respondo por lo que hago yo como ministro. La responsabilidad que me dio el gobernador fue ser ministro de Seguridad y tomar decisiones en el ámbito del Ministerio de Seguridad, y eso es lo que estoy haciendo".

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Ante la insistencia sobre qué postura habría tomado en su antigua época como legislador de la oposición frente a un caso de esta magnitud, Quinteros apeló a su trayectoria sin entrar en el choque partidario actual: "Hubiese sido muy difícil, porque cuando fui legislador fui legislador opositor, hice control de poder, lo ejercí de la mejor manera posible y ahora me toca ser miembro del Ejecutivo y ministro. Tengo la misma tesitura, la misma templanza y la misma coherencia que tuve cuando fui opositor". 

Finalmente, consultado sobre la exigencia de respuestas políticas frente a la pérdida de credibilidad institucional, el funcionario concluyó: "Evidentemente las instituciones de estas cuestiones salen dañadas y nosotros tenemos la obligación de que la sociedad restablezca los vínculos con una institución nada más y nada menos que como la policial".