Procuración Penitenciaria: la oposición rechazó la ley y cuestionó a Spaccesi

La sanción de la ley que crea la Procuraduría Penitenciaria en la Legislatura de Córdoba abrió un intenso debate político y económico. El proyecto, impulsado para garantizar los derechos constitucionales de las personas privadas de su libertad, encontró un amplio rechazo opositor, que decidió abandonar el recinto en señal de protesta.

También recibió cuestionamientos técnicos por parte de especialistas, que advirtieron graves inconsistencias en su diseño institucional y financiero.

El jefe del bloque de la UCR, Matías Gvozdenovich, explicó en diálogo con Cadena 3 que la oposición —que incluyó al Frente Cívico, el Pro, Encuentro Vecinal y la izquierda— no podía convalidar lo que calificaron como una "estafa".

Según señaló, durante el tratamiento en comisión intentaron modificar el texto para frenar "gastos millonarios", evitar sueldos equiparables a los de un vocal del Tribunal Superior de Justicia y frenar la expansión del aparato estatal.

El legislador sostuvo que los cargos previstos incorporaban jubilaciones de privilegio sin aporte, lo que describió como un "despropósito" y casi una provocación, especialmente cuando a los jubilados provinciales se les exige incrementar sus contribuciones.

Afirmó que la decisión de retirarse tuvo como objetivo dejar la sesión sin quórum, lo que enviaría el proyecto de regreso a comisión para un debate más extenso que permitiera "un proyecto que valga la pena y no todo este mamarracho".

Gvozdenovich advirtió que el costo de la "estructura grandísima" recaerá sobre los contribuyentes, y se preguntó cuál sería la reacción de docentes, jubilados y policías con sueldos bajos, así como de productores y empresarios, ante un aumento de sus cargas impositivas para solventarla.

También cuestionó al legislador del Partido Libertario, Agustín Spaccesi, a quien calificó como "responsable número uno" de que el proyecto fuera aprobado, debido a que su permanencia en el recinto garantizó el quórum.

El legislador de la UCR sospecha que hubo negociaciones para que Spaccesi permaneciera en su banca, remarcando que "siempre le da su voto al peronismo cuando las papas queman". Aunque el oficialismo cedió en algunos puntos —como eliminar los cargos vitalicios y el acceso inmediato a jubilaciones de privilegio— Gvozdenovich insistió en que querían revisar "la letra chica" del despacho modificado, al considerar que "son más pícaro".

Por otra parte, el exfiscal y docente universitario Carlos Ferrer analizó en diálogo con Radioinforme 3 la creación de la Procuraduría desde una perspectiva técnica y señaló tres errores principales: político, institucional y económico.

En el plano político, sostuvo que el nuevo organismo "no era una prioridad" en el contexto actual del sistema penitenciario, donde la principal urgencia es la falta de espacio. A su criterio, la norma deja la impresión de que el Gobierno de Córdoba crea estructuras para "acomodar sus piezas".

En lo institucional, cuestionó que la Procuraduría —concebida como un órgano administrativo de inspección y control— se ubique dentro del Poder Judicial pero con independencia plena y la misma jerarquía que el Tribunal Superior de Justicia. Apuntó además que el Poder Judicial cuenta con oficinas existentes, como la de derechos humanos, que podrían fortalecerse para cumplir este rol sin necesidad de crear un nuevo organismo.

El tercer eje de críticas fue el económico. Ferrer advirtió que la ley impulsa una estructura que generará un "gasto impresionante", en un momento donde, dijo, la Legislatura aún debe explicaciones por el gasto en asesores.

A esto se suma, señaló, el tratamiento de un aumento "enorme" de los aportes de los trabajadores estatales activos y el pago de jubilaciones con bonos. Aunque reconoció que garantizar los derechos de los privados de libertad es una obligación del Estado, alertó que a veces una buena causa puede encubrir pésimas intenciones.

La Legislatura de Córdoba aprobó este jueves la ley que crea la Procuración Penitenciaria Provincial, con el objetivo de "controlar y supervisar" los lugares de detención en la provincia, incluidas cárceles y alcaidías.

El proyecto fue presentado por la legisladora del PJ, Nadia Fernández, quien tiene a su cargo la Comisión de Seguridad, quien defendió el proyecto como una medida que mejorará el sistema penitenciario, cumpliendo con estándares nacionales e internacionales.

Entrevista de Miguel Clariá.