Prisión preventiva a la mujer que le robó el celular al gobernador de Tucumán

La Justicia de Tucumán imputó en las últimas horas a la mujer que le robó el celular al gobernador Osvaldo Jaldo cuando se tomaba fotos con militantes durante un acto. En una audiencia, Liliana Carrizo (34) madre de tres niños y residente de la comuna de Los Pizarros, fue acusada de hurto simple. 

El juez Cristian Velásquez dictó 30 días de prisión preventiva, a cumplirse en el penal de mujeres ubicado en la comuna de Delfín Gallo, una ampliación del establecimiento penitenciario.

La defensa de Carrizo solicitó que la prisión preventiva fuera domiciliaria, pero el juez desestimó el pedido. La decisión de imponer 30 días, un plazo inusualmente extenso para un caso de hurto simple, responde a la necesidad de realizar peritajes sobre tres pendrives, una computadora del programa Conectar Igualdad y el teléfono celular secuestrados a la imputada. 

Estas pericias, que comenzarán en las próximas horas, buscan determinar si Carrizo accedió al contenido del celular del gobernador, si extrajo información o si la transfirió a otros dispositivos.

La abogada querellante, Paula Morales, representante del gobernador, pidió agravar la acusación, argumentando que el celular podría contener información sensible del Estado. 

Morales destacó la importancia de esclarecer qué ocurrió durante los 50 minutos en los que Carrizo tuvo el dispositivo en su poder, ya que no se sabe si logró desbloquearlo o manipular su contenido. Sin embargo, el juez Velásquez no dio lugar a esta petición, manteniendo la calificación de hurto simple.

Además, las autoridades analizarán imágenes de cámaras de seguridad para determinar si Carrizo se contactó con otras personas tras el robo, lo que podría revelar posibles cómplices o intenciones adicionales. 

Según el Código Procesal, en casos de hurto simple, la prisión preventiva no suele superar los 15 días. No obstante, la relevancia del caso, dado que la víctima es el gobernador, y la necesidad de realizar exhaustivas pericias justificaron la extensión del plazo.

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Informe de Rosalía Cazorla.