Piden información sobre el financiamiento de la Oficina de Respuesta Oficial

El abogado y miembro de Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofré, expresó una postura de cautela frente a la creación de la denominada Oficina de respuesta oficial de la República Argentina, impulsada por el Gobierno nacional con el objetivo de "desmentir operaciones" de medios y actores políticos. 

En diálogo con Cadena 3, afirmó que la organización ya solicitó información pública para conocer el financiamiento, las funciones y el alcance real de la iniciativa.

Wortman Jofré sostuvo que el punto central del debate pasa por las atribuciones concretas que tendrá el nuevo organismo. En ese sentido, señaló que si se limita a expresar la posición del Gobierno en redes sociales o canales oficiales, podría considerarse "una voz más en el debate público". Sin embargo, marcó una diferencia clara si la oficina avanza sobre otras competencias.

"Si tiene algún poder disciplinador, sancionatorio o punitivo, me parece que es otra discusión", advirtió. Según explicó, el riesgo institucional surge cuando el Estado pretende definir de manera unilateral qué es verdadero y qué no, especialmente si cuenta con herramientas para influir o modificar la circulación de información. "El Gobierno o esta oficina no va a ser una voz cualquiera, va a ser una voz con poder", remarcó.

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El referente de Poder Ciudadano también vinculó esta iniciativa con antecedentes recientes de tensión entre el Gobierno y la prensa. Al respecto, recordó su participación en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se analizaron ataques verbales a periodistas. Desde su perspectiva, el oficialismo "no es muy respetuoso de este derecho humano" y mantiene una relación tirante con la libertad de expresión.

Wortman Jofré subrayó que la palabra presidencial no tiene el mismo peso que la de un ciudadano común y que debe ejercerse con especial responsabilidad para no alterar el equilibrio democrático. "Esa voz tiene autoridad y genera efectos", indicó.

Consultado sobre cómo deben abordarse las falsedades en una democracia, el abogado señaló que ya existen mecanismos institucionales, como el sistema judicial, para reparar daños provocados por información falsa. Además, mencionó experiencias internacionales, como las comisiones deontológicas en Francia, integradas por periodistas y ciudadanos, sin intervención gubernamental.

Por último, hizo un llamado a la sociedad civil a mantener una actitud activa en la defensa de las garantías constitucionales. "Los ciudadanos tenemos que tener una actitud militante en nuestros derechos", afirmó, al considerar que el acceso a la información y la libertad de expresión son pilares básicos del sistema democrático. Desde Poder Ciudadano, anticipó que seguirán monitoreando la iniciativa y no descartó recurrir a la Justicia si se detectan vulneraciones a esos derechos.

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Entrevista de Miguel Clariá.