Pese al fallo judicial, sigue en riesgo el inicio de clases en las universidades

El rector de la Universidad Nacional de La Pampa y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa, advirtió que la situación presupuestaria de las universidades nacionales sigue siendo crítica y que, aun con el reciente fallo judicial sobre la ley de financiamiento universitario, no hay garantías inmediatas de actualización salarial ni de un inicio normal del ciclo lectivo.

Sobre si el fallo del juez Martín Cormick habilitaba de manera inmediata aumentos salariales, Alpa fue categórico en Cadena 3 al señalar que el Poder Ejecutivo apelará la resolución. "Como todo tema judicial, esto será apelado. Tiene la obligación de apelar y seguramente irá a la Cámara", explicó, y aclaró que, mientras el proceso continúe, no habrá efectos automáticos en los salarios.

Frente a la repregunta sobre el contenido del fallo y su impacto, Alpa precisó que la medida judicial se vincula principalmente con salarios docentes y no docentes, además de las becas estudiantiles. Indicó que, si bien el financiamiento universitario también incluye gastos de funcionamiento, la urgencia planteada ante la Justicia estuvo centrada en los ingresos del personal y los becarios.

Consultado sobre los escenarios presupuestarios para el próximo año, Alpa detalló las proyecciones elaboradas por el CIN y señaló que el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo prevé 4,8 billones de pesos; mientras que, con la aplicación de la ley de financiamiento y la actualización salarial, las universidades estimaron una necesidad de 7,2 billones. 

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"Si se aprueba el presupuesto tal cual está, el comienzo del año que viene va a ser muy problemático, sobre todo por el tema salarial docente y no docente", advirtió. "Hoy la realidad es que no estamos recibiendo ningún tipo de actualización salarial, y lo que proyecta el presupuesto tampoco la contempla", añadió.

En respuesta al impacto del atraso salarial, Alpa cuantificó la pérdida acumulada. Indicó que en los últimos dos años el retraso ronda el 43% y que, para recuperarlo, sería necesario un incremento cercano al 70%. Además, reconoció que la situación ya provocó la salida de docentes del sistema universitario. "Estimamos que se fue alrededor del 5% de los 200.000 docentes, unos 10.000 en total", explicó, y advirtió que la formación de nuevos cuadros no es inmediata y puede afectar la calidad a mediano y largo plazo.

Sobre el alcance constitucional del fallo, Alpa coincidió en que el punto más grave es institucional. Señaló que lo central es que un decreto del Poder Ejecutivo haya suspendido una ley ratificada por el Congreso. "La mayor gravedad es republicana: que un decreto suspenda una ley que fue vetada y luego ratificada por el Congreso", afirmó. No obstante, reiteró la disposición del sistema universitario a dialogar y convocar a paritarias para buscar soluciones en el corto y mediano plazo.

Entrevista de Miguel Clariá y Ariel Rodríguez.