Nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambia con la imputabilidad desde los 14 años

El 5 de septiembre de 2026 entra en vigor en todo el país la Ley 27.801, que reemplaza el régimen de 1980 y baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La reforma genera expectativas, debates y preocupaciones en la Justicia de menores sobre recursos, infraestructura y capacidad de respuesta del sistema.

La norma no solo modifica el umbral de edad. Crea un sistema penal juvenil con penas alternativas, monitoreo electrónico, supervisores especializados y un máximo de privación de libertad de 15 años. Los adolescentes no podrán ser alojados junto a adultos y los padres o tutores serán civilmente responsables por los ilícitos cometidos por sus hijos. Al mismo tiempo, se fortalecen los derechos de las víctimas a participar e informarse del proceso.

Los principales cambios de la reforma

Según la ley, un adolescente de 14 años o más que cometa un delito tipificado en el Código Penal podrá ser juzgado y condenado. El objetivo declarado es fomentar la responsabilidad legal, la educación, la resocialización y la integración social.

No todo delito implica encierro. Cuando la pena prevista no supere ciertos umbrales y no haya mediado muerte, grave violencia o antecedentes, se priorizan sanciones alternativas: reparación del daño, restricciones de acercamiento, reglas de conducta, actividades educativas y comunitarias, y amonestación. También se incorpora el monitoreo electrónico adolescente.

Los lugares de alojamiento deberán estar acondicionados y bajo personal idóneo. Está prohibida la reclusión o prisión perpetua. Al cumplir dos tercios de la pena, el adolescente podrá acceder a la libertad condicional si se reúnen las condiciones.

“La ley vigente databa de 1980”

Fernando Soto, abogado penalista y asesor del Senado de la Nación, ubicó la reforma en un contexto histórico. “La ley vigente databa de 1980, cuando el mundo y Argentina eran diferentes”, afirmó. Consideró la modificación un logro tras años de discusión.

Soto destacó que la norma no se limita a la edad de imputabilidad. Introduce penas alternativas y un enfoque diferenciado según la edad y los antecedentes del menor. “Un chico de 14 años que incurre en un delito será detenido en un instituto para menores, no en una cárcel común”, aclaró.

Sobre los recursos, el especialista advirtió: “En Córdoba se aprobó el nuevo régimen penal juvenil con consenso, pero existe preocupación por la falta de profesionales en la justicia juvenil”. Estimó, no obstante, que provincias como Córdoba cuentan con mejores condiciones relativas para aplicar la ley.

Respecto de las penas, recordó que el máximo será de 15 años, lo que abre una posibilidad de rehabilitación. “Muchos de estos chicos son recuperables, lo que no siempre ocurre con los adultos”, sostuvo. 

Finalmente, subrayó la responsabilidad familiar y los derechos de las víctimas. “La familia debe asumir una responsabilidad en el comportamiento de sus hijos”, concluyó Soto.

Entrevista de Radioinforme 3.