Licitación de drones: siguen los cruces entre el PJ y la oposición en Córdoba

En medio de la polémica entre el Gobierno provincial y el Frente Cívico por la licitación de tecnología aplicada a la seguridad en la provincia de Córdoba, el ingeniero en sistemas y miembro del equipo docente del área de tecnología de la diplomatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Blas Pascal (UBP), Fabián Garófalo, brindó una mirada técnica sobre el uso de drones en materia de seguridad interior y su impacto en la prevención del delito.

En diálogo con Radioinforme 3, Garófalo definió a los vehículos aéreos no tripulados (VANT) como herramientas “altamente efectivas” para las fuerzas de seguridad, al señalar que permiten ampliar el campo visual, monitorear zonas complejas y optimizar los recursos del Estado. Según explicó, estas tecnologías posibilitan detectar situaciones de riesgo en tiempo real y realizar patrullajes más seguros para el personal policial.

El especialista sostuvo que el uso de drones no se limita a la vigilancia preventiva, sino que también resulta clave para la detección de infracciones de tránsito, la búsqueda de personas extraviadas y la intervención en operaciones especiales, incluso en escenarios vinculados a la lucha contra el terrorismo. En ese marco, subrayó la importancia de las cámaras térmicas, que permiten identificar fuentes de calor, y la capacidad de estos dispositivos para registrar evidencia sin alterar la escena de los hechos.

Al referirse a los equipos disponibles en la región, Garófalo mencionó el dron Harpia, de origen brasileño, cuya tecnología calificó como "superior al resto en Latinoamérica". Detalló que se trata de un dispositivo con alta autonomía de vuelo y versatilidad operativa, ya que puede funcionar tanto con baterías como con combustible aeronáutico JP1. No obstante, aclaró que este tipo de plataformas suelen complementarse con drones de menor porte, destinados a cubrir distintos objetivos y alturas.

En relación con la licitación en debate, Garófalo evitó pronunciamientos políticos, pero remarcó que una adquisición de este tipo debe cumplir requisitos técnicos estrictos. Indicó que es indispensable demostrar que los equipos son adecuados para el objetivo previsto y garantizar capacitación permanente, disponibilidad de repuestos y representación local que permita una respuesta rápida ante fallas, incidentes o posibles derribos electrónicos.

Recordó que en Argentina la operación de drones con fines de seguridad está regulada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Señaló que este organismo es el encargado de autorizar el uso del espacio aéreo, establecer sanciones y avalar la capacitación de los operadores, quienes deben contar con conocimientos aeronáuticos mínimos para comandar este tipo de sistemas.

Por su parte, Silvina Rivero, vocal del Tribunal de Cuentas de Córdoba, afirmó que se discute el freno a la compra de drones y sistemas de seguridad para la provincia, en lo que fue una medida impulsada por la oposición.

Rivero mencionó que existe la posibilidad de otro recurso que podría activar el ejecutivo provincial. En sus palabras, "el Tribunal revisa esta decisión y, si se aplica, iría a la Legislatura para discutirlo".

Entrevista de Miguel Clariá.