Ley de Glaciares: el sector de la minería pide "precisión técnica" en la reforma

En una sesión atravesada por la paridad de fuerzas, el Senado debate este jueves la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa que divide aguas tanto en el plano político como social. Desde San Juan, uno de los principales distritos mineros del país, el presidente de la Cámara Minera provincial, Iván Grgic, sostuvo que el proyecto busca “aportar claridad” a la normativa vigente y no reducir estándares de protección.

"El objetivo es el mismo de la ley actual: proteger mejor los cuerpos", afirmó en diálogo con Cadena 3. A su entender, el eje de la controversia radica en una cuestión terminológica. "Hablar de 'zonas' genera confusiones o incertidumbres, porque puede incluir sectores que no tienen un aporte hídrico estratégico. Lo que se propone es trabajar sobre el concepto de 'geoforma', que permite identificar con mayor precisión qué debe preservarse", explicó.

Grgic rechazó que la modificación implique una flexibilización en favor de la actividad minera y la definió como una "ley aclaratoria". "No se trata de desproteger el ambiente, sino de protegerlo mejor, con base técnica", insistió.

Otro de los puntos en discusión es la ampliación de facultades para que las provincias intervengan con mayor peso en el control y la aplicación de la norma. Frente a las advertencias de sectores ambientalistas sobre posibles decisiones con sesgo político, el dirigente fue categórico: "Me preocupa que no se entienda que en las provincias estos temas no se manejan de modo político, se manejan con personal técnico".

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En ese sentido, destacó que San Juan cuenta con legislación ambiental previa a la ley nacional y con tres institutos universitarios especializados en glaciología, con más de dos décadas de trayectoria y reconocimiento internacional. Según sostuvo, esos equipos pueden complementar el trabajo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con relevamientos "in situ", más detallados que los inventarios satelitales. "Es necesario que las provincias intervengan porque están al lado de los territorios", remarcó.

Grgic también vinculó el debate con el impacto económico de la actividad. Señaló que la minería en San Juan supera los 5.000 empleos directos y que esa cifra se multiplica a través de contratistas y subcontratistas, especialmente en etapas de construcción de proyectos como Josemaría, Los Azules y El Pachón. "No es un esquema de derrame, es un trabajo en red", definió.

Ante cuestionamientos de organizaciones sociales y de referentes de la Iglesia, el presidente de la Cámara afirmó compartir la preocupación por el cuidado del recurso hídrico. "Hay que cuidar el agua gota a gota", sostuvo, y agregó que las compañías internacionales que operan en el país aplican los mismos estándares que en Canadá, Australia o Estados Unidos.

"Estamos todos en la misma trinchera con la misma lucha por proteger el agua", concluyó, al tiempo que vinculó el debate no solo con la minería, sino con otras actividades productivas de la provincia, como la industria del pistacho, que también dependen de la disponibilidad y calidad del recurso.

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Entrevista de Miguel Clariá y Luis Fernández Echegaray.