La Justicia revisará este lunes la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

La prisión domiciliaria de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple una condena de seis años por el caso "Vialidad", podría entrar en una nueva fase. La Cámara Federal de Casación Penal revisará su situación en una audiencia que tendrá lugar el lunes a las 12 en los tribunales de Comodoro Py.

En esta ocasión, se abordarán tres puntos apelados tanto por la Fiscalía como por la defensa: el cumplimiento de la pena en prisión, el uso de la tobillera electrónica y las restricciones en el régimen de visitas.

Los abogados de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, irán a la audiencia junto al fiscal general de Casación, Mario Villar.

Villar presentó un escrito que contenía la postura de la Fiscalía, que solicitó que la exmandataria cumpla su condena en un establecimiento penitenciario. Esta solicitud se basó en los pedidos previos realizados por los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola.

Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña conformaron la Sala IV de Casación que revisarán el caso. Estos magistrados ya habían confirmado anteriormente la condena de seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez para Santa Cruz. En esa ocasión, el fallo tuvo la disidencia de Hornos, que votó por agravar la condena por el delito de asociación ilícita.

El Tribunal Oral Federal 2 otorgó la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner el 17 de junio, tras la confirmación de su condena por parte de la Corte Suprema. Los jueces argumentaron que su edad (72 años) y un intento de homicidio sufrido en septiembre de 2022 justificaban su detención en un domicilio particular en lugar de una cárcel. La decisión implica medidas especiales de seguridad que no eran compatibles con un régimen penitenciario convencional.

Las condiciones impuestas incluyeron el uso de una tobillera electrónica para controlar su permanencia en el departamento ubicado en San José 1.111. Además, se establecieron pautas sobre las visitas, permitiendo que familiares, médicos y abogados accedieran sin autorización judicial previa, mientras que otras visitas requerían permiso del tribunal.

Sin embargo, los fiscales Luciani y Mola objetaron esta prisión domiciliaria y reiteraron su pedido para que Cristina Kirchner cumpla su condena en una cárcel común. Argumentaron que no existían motivos válidos para apartarse del principio establecido por el Código Penal, que establece que las penas deben cumplirse en establecimientos penitenciarios.

Los fiscales advirtieron sobre la inseguridad del lugar donde reside la expresidenta, mencionando episodios previos donde personas accedieron a balcones cercanos a su departamento. Además, presentaron un informe que indicaba que desde su llegada al lugar se habían producido marchas y concentraciones que afectaron los servicios del barrio.

En cuanto al uso de la tobillera electrónica, los abogados Beraldi y Llernovoy argumentaron que este dispositivo no garantiza la seguridad ni evita fugas. Afirmaron que Cristina Kirchner siempre estuvo a derecho y contaba con custodia policial. También presentaron informes internacionales sugiriendo que no era necesario imponerle una tobillera electrónica.

Finalmente, respecto al régimen de visitas, la defensa cuestionó las restricciones impuestas por el Tribunal Oral, argumentando que no existe norma alguna que justifique tales limitaciones y señalando que ninguna persona detenida bajo arresto domiciliario enfrentaba tales requisitos.

El abogado y experto en Derecho Constitucional, Diego Armesto, explicó a Radioinforme 3 que "hay una contradicción con lo que plantean los fiscales del Tribunal Oral". La defensa argumenta que no solo debe continuar el arresto domiciliario, sino que también se debe permitir la eliminación de la tobillera y la posibilidad de recibir visitas sin autorización judicial. "Estos son los dos motivos por los que la Cámara cita a la audiencia de hoy", aclaró Armesto.

La Cámara tiene hasta cinco días hábiles para tomar una decisión. "Los jueces de casación deberán tomar una determinación en referencia a cada uno de los planteos", señaló Armesto. En caso de que la decisión no sea favorable, la defensa podría apelar, pero el especialista considera que "no creo que vayan a llegar a la Corte por algo tan simple".

Armesto también destacó que la prisión domiciliaria es un beneficio excepcional, otorgado por razones de seguridad, y no debe ser considerada como un derecho. "Si la Cámara toma una decisión, automáticamente notifica al Tribunal Oral Federal para que cumpla con lo establecido", explicó.

En cuanto a las visitas y el uso de tecnología, Armesto indicó que "todo lo que no está prohibido está permitido". La ley de ejecución penal, que data de 1990, no contempla las tecnologías actuales, lo que deja a los jueces con un amplio margen de discrecionalidad. "Los jueces deben usar su mejor saber y entender", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.