La familia Macarrón presentó un jury contra fiscales que investigaron el caso

La familia Macarrón formalizó un pedido de jury de enjuiciamiento contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes intervinieron en la investigación del crimen de Nora Dalmasso, según confirmó a Radioinforme 3 Gustavo Liebau.

Liebau cuestionó duramente la actuación de los magistrados y señaló que su inacción pudo haber contribuido a los problemas de prescripción que enfrenta la causa.

En diálogo con Miguel Clariá, explicó que el pedido de destitución ya fue presentado oficialmente a través del sistema informático de la provincia de Córdoba, acompañado de toda la documentación respaldatoria extraída del expediente.

"Ese pedido se formalizó. Es algo extraordinariamente grave, el pedido de un ciudadano de la Constitución, del jury de enjuiciamiento respecto de fiscales", afirmó el abogado, destacando la seriedad del planteo.

Sin embargo, aclaró que no se cuestiona al Ministerio Público Fiscal en su conjunto, sino específicamente a estos tres fiscales. "Nos encontramos en esta situación gracias a la actividad de dos fiscales y, por supuesto, de la Cámara del Crimen de Río Cuarto", agregó, refiriéndose a los avances logrados por otros funcionarios judiciales.

El eje central del reclamo, según Liebau, es la omisión de los fiscales en realizar una prueba genética clave al parquetista Miguel Ángel Barzola, un sospechoso señalado desde los inicios de la investigación. "¿Por qué motivo no hicieron la prueba genética respecto del señor Barzola hace muchos años, con lo cual no tendríamos que estar peleando el problema de la prescripción?", preguntó el abogado, subrayando que en la causa existían elementos comprobados que apuntaban a Barzola "prácticamente desde los primeros días después del hecho".

Entre esos elementos, destacó un informe del FBI que señalaba directamente al trabajador, quien estuvo presente en la casa de los Macarrón el día del crimen, en un horario coincidente con el estimado por los médicos forenses.

Liebau detalló que Barzola acudió al domicilio de los Macarrón la mañana del crimen, "supuestamente a trabajar, cuando no tenía que hacerlo". Además, afirmó que el sospechoso mintió al declarar que había ido a otra obra donde no lo atendieron, algo que quedó comprobado en la causa.

"Ingresó al domicilio de los Macarrón en el horario que los médicos forenses habían determinado fue el horario de la muerte. Eso deberán responderle a los señores fiscales ejerciendo su defensa", sentenció.

También planteó una hipótesis sobre la inacción de los fiscales: "La sospecha es que habrían tenido a un segundo perejilazo", en referencia a un movimiento popular que marcó un precedente político en Córdoba tras un error judicial.

Sin embargo, enfatizó que la familia considera haber sido víctima de "violencia institucional". Según Liebau, los Macarrón, como deudos de Nora Dalmasso, fueron perseguidos y se les impidió ejercer su derecho a ser querellantes, lo que les habría permitido instar acciones contra Barzola. "Pese a mediáticamente haber solicitado que se lo investigara al señor Barzola en reiteradas oportunidades, en función fundamentalmente del informe del FBI que no dejaba lugar a dudas", añadió.

Liebau calificó la omisión de los fiscales como "incomprensible" y señaló que se tomaron muestras de ADN a numerosas personas, incluso al cura que ingresó al dormitorio donde fue hallada Nora, pero no a los trabajadores, pese a que el FBI recomendaba investigarlos, especialmente a Barzola. "Era simplemente hacer una prueba genética", insistió, destacando que el fiscal Luis Jávega, años después, realizó correctamente esa comparación.

El abogado de los Macarrón también criticó las imputaciones previas de los fiscales. Recordó que Di Santo imputó "absurdamente" a Facundo Macarrón y que Miralles hizo lo propio con Marcelo Macarrón, pese a contar con el informe del FBI y otros elementos.

"Si el fiscal de Cámara hubiera acusado y el jurado popular hubiera entendido que Marcelo Macarrón mandó matar a su mujer, en este momento tendríamos una persona pagando la pena de prisión perpetua siendo inocente", afirmó, subrayando que fue gracias a una orden posterior de la Cámara que se realizó la prueba de ADN que descartó esa hipótesis.

El pedido de jury, dirigido a la Legislatura de Córdoba, ya está formalmente recibido, según confirmó Liebau. Explicó que el tribunal, compuesto por un representante del Superior Tribunal de Justicia y cuatro legisladores, evaluará la verosimilitud de la denuncia.

"Si el proceso avanza, la acusación está a cargo del fiscal General de la provincia y se realiza un juicio", detalló.

Indicó que los plazos están establecidos en la Constitución y una ley provincial, y estimó que el caso podría resolverse en el transcurso de 2025.

Finalmente, respecto a si la imputación de los familiares por parte de los fiscales podría ser un factor para impedir la prescripción, Liebau respondió: "Entendemos que sí, es exactamente ese el argumento que el Ministerio Público, el doctor Jávega, planteó formalmente".

Entrevista de Miguel Clariá, Francisco Centeno y Luis Fernández Echegaray.