La abogada de la primera víctima de Río Seco acusa a fiscal y a policías de encubrimiento

La abogada Marina Romano confirmó que su clienta —la primera víctima en Villa de María de Río Seco— presentó una denuncia penal contra funcionarios judiciales y policiales. El motivo es concreto y objetivo: durante seis años una denuncia por hechos gravísimos permaneció inactiva en la comisaría de Villa María del Río Seco.

“Ese dato objetivo ya va a poder avizorarnos a nosotros que esta situación puede ser judicializada”, afirmó a Radioinforme 3 Romano. La presentación apunta a la presunta comisión de encubrimiento agravado, denegación y retardo de justicia e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Entre los señalados está la fiscal que intervino en aquel momento, Fabiana Pochettino.

Seis años de silencio institucional

La denuncia original fue radicada cuando la víctima ya era mayor de edad. La acompañó un compañero, Juan Carlos, hasta la comisaría de Río Seco. Allí quedó. Aunque después se relevó a toda la plana de esa dependencia, para Romano eso no alcanza.

“Frente a una posible inacción por parte de funcionarios públicos, hace que ese delito del encubrimiento se agrave”, explicó. Y agregó que la investigación debe alcanzar también al personal jerárquico que tenía responsabilidad sobre quienes tramitaban —o no— esas actuaciones.

La abogada fue clara sobre el daño que provoca el tiempo: “Cuando la justicia es tardía y es lenta, la prueba se va diluyendo en el tiempo y la posibilidad de acceder a la justicia como derecho constitucional se va cada vez malogrando”.

El relato del horror que ahora vuelve a cobrar fuerza

Romano recordó que su clienta ya había relatado ante la fiscal, en el hospital y en presencia de la defensa, una serie de hechos de extrema gravedad. Entre ellos, uno que califica como posible tentativa de homicidio:

“La ataron con una soga al cuello y la colgaron de un árbol”.

Esa declaración, formulada en 2020, vuelve a cobrar peso ahora que la causa principal del caso Río Seco avanza con más de quince detenidos. La abogada no se mostró sorprendida por el número ni por la posibilidad de que la investigación se ramifique.

“Ya frente al tipo de delitos que venía investigando la fiscal y frente a la impunidad con la que se ha manejado esta gente durante tanto tiempo, no me sorprende”.

El poder político y la pregunta que nadie respondió

Consultada sobre la renuncia del legislador Flores —quien alegó ser víctima de una campaña de difamación y subrayó que en una pequeña comunidad “todos nos conocemos”—, Romano fue directa: “Si es así y él fue intendente en distintos períodos y conoce la comunidad que representa, debe haber sabido que era voz populi el horror, el flagelo y la tragedia que sufría mi clienta y que sufría en manos de su asesor”.

En su escrito, la abogada pide que se investigue si existió protección del poder para que la denuncia original permaneciera “en la oscuridad, en la clandestinidad durante seis años”.

Sobre la actitud del legislador, fue contundente: “Esa salida elegante del legislador victimizándose, en poco me conmueve”.

Justicia antes de que sea demasiado tarde

La madre atraviesa una situación de salud compleja, pero según Romano está en condiciones de declarar nuevamente ante la fiscalía a cargo de la doctora Cepede. La abogada insiste en un punto que atraviesa toda su intervención: “Todos somos iguales ante la ley. Y esta situación, este impedimento, porque la justicia como institución no ha hecho su trabajo correctamente, tiene que ser investigado”.

El objetivo, dijo, es uno solo: que su clienta y los cordobeses sepan qué ocurrió durante esos seis años de silencio.

Entrevista de Miguel Clariá.