Kraisman denuncia que le robaron en la cárcel y busca ser "arrepentido"

La estadía de Guillermo Ceferino Kraisman dentro de la cárcel de Bouwer no está siendo para nada cómoda. Desde mediados de enero último, el histórico puntero del PJ cordobés permanece detenido acusado de haber intentado cobrar el sueldo de una "empleada fantasma" de la Unicameral.

El viernes pasado, al filo del cierre de la semana judicial, el abogado defensor de Kraisman, Javier Pafume, presentó un doble pedido ante el fiscal Anticorrupción Franco Mondino. Primero, solicitó que en la primera semana de junio el dirigente político vuelva a declarar, tal como es su pretención.

 Y, en esa misma dirección, adelantó que la intención de Kraisman es acogerse al "instituto del arrepentido": la delación premiada,en la que personas involucradas en un delito pueden reducir su pena a cambio de brindar información útil para la investigación.

De acuerdo a las fuentes consultadas por Cadena 3, Kraisman entiende que la política cordobesa le soltó la mano. Desde que fue detenido en enero, ha pasado toda su estadía en la cárcel de Bouwer en pabellones "comunes" y no en aquellos reservados para funcionarios públicos. 

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El pasado 17 de marzo, fue trasladado por el Servicio Penitenciario desde el Módulo MD1 al MX2 en el marco de una reestructuración interna. Kraisman fue alojado en una celda del pabellón A4 de ese módulo, que sólo alberga a presos procesados y no condenados.

Sin embargo, el pasado 10 de este mes, Kraisman solicitó "puerta", tal como se denomina en la jerga carcelaria, el pedido de cambio de pabellón. Adujo diferencias con otros internos, por lo que fue mudado al pabellón A1. 

En realidad, contaron sus allegados, Kraisman dijo hacer sido atacado por otros detenidos, quienes a punta de "facas" lo despojaron de una campera y más de 50 mil pesos en efectivo que el dirigente tenía dentro de su celda para las compras dentro de la cárcel.

"Kraisman se ha convertido en una 'mina de oro' para los otros presos; saben que tiene contactos políticos, por lo que le exigen de todo ahí adentro", confió uno de los informantes consultados.

Que el dirigente político esté alojado en un pabellón de estas características no es un dato menor en toda esta historia. 

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Además de dividir a la población carcelaria entre los condenados y los procesados, de manera interna el Servicio Penitenciario utiliza diversos criterios de categorización para intentar evitar abusos internos. Así, se tiene en cuenta el tipo de delito por el que la persona está acusada, si tiene conocidos o enemigos entre el resto de los detenidos, y, también, el nivel socioeconómico. 

Así, por ejemplo, policías, penitenciarios, militares acusados de delitos de lesa humanidad y empresarios suelen ser alojados en un pabellón sin contacto con el resto de los detenidos. La explicación de esta política radica en que si "los mezclaran" serían objeto de todo tipo de extorsiones por parte de los otros detenidos. 

Kraisman siempre supuso que lo iban a alojar dentro de este grupo "apartado", algo que nunca sucedió. Ante esto, y siempre según las fuentes consultadas, el histórico puntero del PJ cordobés interpreta que sus viejos aliados de la política hoy le soltaron la mano.

Es por todo esto que ahora pretende declarar como "arrepentido". 

El fiscal Anticorrupción Franco Mondino no ha logrado, hasta ahora, terminar por desarmar la madeja en torno a esta causa.

Todo comenzó a descubrirse el 17 de enero último, cuando Kraisman (quien fue despedido de la Municipalidad de Córdoba en septiembre, luego de ser sorprendido cuando intentaba robar alimentos de un supermercado) y la entonces directora del Polideportivo Social de barrio Ituzaingó, Luciana Castro, fueron detenidos en el interior de la sucursal de Bancor en barrio General Paz, de la ciudad de Córdoba.

Según la acusación, la mujer se hizo pasar por Virginia Martínez, una supuesta empleada de la Unicameral, con el objetivo de cobrar el primer sueldo de casi un millón de pesos que se le acababa de depositar.

De acuerdo a los registros oficiales, Martínez había ingresado como contratada en la Legislatura el 1° de diciembre de 2024. Kraisman y Castro llegaron en enero a esa sucursal de Bancor y con el DNI de Martínez lograron abrir la cuenta a su nombre. Luego, fueron por ventanilla a retirar el sueldo, pero el cajero se dio cuenta de que Castro no era la real propietaria de la cuenta y los denunció. Quedaron detenidos allí mismo por "tentativa de estafa".

Días después, el fiscal de feria Andrés Godoy detectó que Martínez no habría ido nunca a trabajar a la Legislatura. Para ello, fue clave el testimonio de ella misma, quien aseguró no haber pisado en su vida la Unicameral.

Ante esto, agravó la imputación ante el presunto delito de "defraudación calificada a la administración pública" y giró todo al Fuero Anticorrupción.

El expediente recayó en la fiscalía de Franco Mondino, quien antes de asumir en ese cargo había sido asesor del bloque peronista en la Unicameral.

El pasado 18 de febrero, Mondino le solicitó una serie de informes a la Legislatura sobre cómo había sido la contratación de Martínez. En concreto, quién solicitó su alta y su posterior baja.

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Desde la detención de Kraisman, nadie del bloque oficialista, ni siquiera la vicegobernadora Myriam Prunotto, se había atrevido a revelar de manera pública qué legislador o legisladora había pedido la incorporación de Martínez. De acuerdo a los registros oficiales, figuraba como asesora nivel 3, con un sueldo de casi un millón de pesos.

El peronismo cordobés sí reconocía que Martínez no había ido a trabajar, por lo que se había decidido dar de baja su contrato en enero. Pero ante la pregunta sobre quién la había contratado, nunca hubo ninguna respuesta hasta hoy.

Cadena 3, a través de fuentes judiciales con acceso al expediente que instruye el fiscal Mondino, logró revelar el jueves 6 de marzo que la vicepresidenta del bloque oficial, la legisladora Nadia Fernández, estaba al tanto de la contratación de Martínez.

Recién entonces, ante la evidencia que dio en primicia Cadena 3, la propia Fernández terminó por reconocerlo de manera pública.

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En la causa penal se logró abrir el teléfono celular de Kraisman, donde se encontraron más de un centenar de chats entre este dirigente y Nadia Fernández.

Entre esas conversaciones, se destaca que el 10 de diciembre, entre las 13.58 y las 14.02, Kraisman le fue enviando a Nadia Fernández todos los datos personales de Virginia Martínez: su dirección, su número de teléfono, su CBU, el alias de una cuenta bancaria, su nombre completo y el Cuil. Luego a las 17.27 del mismo día, la legisladora le pidió el mail de la "contratada". Kraisman le respondió ocho minutos después.

En el mismo expediente que instruye Mondino aparece la baja del contrato de Martínez en la Legislatura. Fue fechado el 8 de enero de este año y lleva la firma de Nadia Fernández, quien también figura como la solicitante del cese de la contratación. Aunque el formulario tiene varios ítems, no se especifica el motivo de la baja.

La investigación revela que Kraisman intercambió chats con Fernández, incluso después de su detención por robo en un supermercado, en los que le va pasando todos los datos de Virginia Martínez.

Según los documentos aportados por la Unicameral, Martínez ingresó oficialmente a la Unicameral el 1 de diciembre y fue incluida en una lista de 23 nuevos contratados. El 30 de diciembre, a través de un decreto firmado por Prunotto, se oficializaron estas 23 contrataciones.

Un chat del 15 de enero muestra a Nadia Fernández preguntando a Kraisman si se "resolvió el tema". La fecha del diálogo generó interés entre los investigadores, ya que se produjo a menos de 48 horas de que Kraisman intentara retirar el sueldo de Martínez.

Pese a que fue incorporando bastante material documental, la acusación de Mondino no logró avanzar demasiado hasta ahora. De acuerdo a la descripción del hecho, el fiscal sostiene que Kraisman junto a la madre de la "empleada fantasma", Patricia Elizabeth Defunchio, "haciendo uso de sus contactos políticos y/o influencias en el ámbito de la Legislatura de Córdoba, habría logrado que personal de la misma perteneciente a la oficina de la legisladora Nadia Fernández, diera de alta como contratada no permanente" a Martínez.

Por ello, mantiene imputados a Kraisman, a Castro y a Defunchio, mientras que a la propia "empleada fantasma" Martínez le endilga el presunto delito de "falso testimonio", ya que el fiscal sospecha que estaba al tanto de la maniobra.

Pero hasta ahora, Mondino no ha encontrado responsabilidades dentro de la Legislatura, pese a que lo indica en la propia descripción del hecho.

El abogado de Kraisman, Javier Pafume, dijo que su cliente fue trasladado en múltiples ocasiones dentro del penal de Bouwer por hacinamiento. "Nunca fue la intención de él tener ninguna clase de privilegio en el penal", dijo.

"Los traslados ocurren por motivos generales, ya que en los pabellones hubo problemas con otros internos", explicó Pafume a Cadena 3. La última situación que motivó un traslado fue un robo que sufrió Kraisman, donde le sustrajeron dinero y vestimenta.

El expuntero del PJ se encuentra actualmente en el módulo MX2, un pabellón de máxima seguridad, donde comparte espacio con otros procesados.

Sobre la percepción de que los contactos políticos de Kraisman podrían influir en su situación, Pafume sostuvo que "mucho se habla de que mi cliente tiene contactos políticos, pero esto que le ha ocurrido y el trato demuestra que no está más protegido que cualquier otro interno".

En relación a su futuro en el proceso judicial, Kraisman expresó su deseo de acogerse a la figura de arrepentido. "Mi cliente me manifestó su decisión de acogerse a la figura", aclaró Pafume. A pesar de haber ofrecido reparaciones económicas en dos ocasiones, no fueron autorizadas por la Fiscalía.