Juicio por el crimen de Gabriela Pérez: arrancan los alegatos y la sentencia tiene fecha fijada

CÓRDOBA. El juicio por el asesinato de Gabriela Pérez, la trabajadora de limpieza baleada en septiembre de 2023 durante un acto del Sindicato de Obrero de Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac), ingresó en su fase decisiva en la Cámara Tercera del Crimen. 

Tras una serie de audiencias marcadas por tensiones y revelaciones, este jueves comenzaron los alegatos de las partes, paso previo a la lectura de la sentencia programada para el próximo 13 de octubre.

El banquillo de los acusados tiene como principal imputado a Gustavo Omar Herrera, hermanastro de la víctima, a quien la fiscalía y la querella señalan como el autor material de los disparos contra el salón de actos en barrio Yapeyú. De ser hallado culpable, la única pena posible es la prisión perpetua.

Las posiciones en los alegatos

La acusación sostiene que existen elementos de prueba contundentes para condenar a los imputados, entre los que se destacan filmaciones del ataque y el testimonio clave de un testigo que identificó directamente a Herrera en la escena.

Querella y fiscalía: el abogado José Nayi, representante del viudo de Pérez, ratificó que solicitará la pena de prisión perpetua para Herrera bajo la premisa de homicidio por promesa remuneratoria y por intentar ocultar su identidad al atacar a los presentes. Asimismo, para el coimputado Adrián Vallejos se prevé un pedido de condena de entre 12 y 15 años de prisión por su participación en el hecho.

Defensa: encabezada por el abogado Sebastián Lazcano, la defensa de Herrera sostiene que las imágenes presentadas no son claras ni concluyentes para acreditar la autoría de su cliente, por lo que solicitará la absolución por falta de pruebas.

El veredicto final quedará en manos de un jurado popular, que deliberará el mismo 13 de octubre luego de escuchar las últimas palabras de los acusados.

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Trasfondo gremial e investigación federal por narcotráfico

El crimen de Gabriela Pérez se produjo en medio de una interna violenta por la conducción del Soelsac, donde la lista opositora contaba con el respaldo de dirigentes del Sindicato de Recolectores de Residuos (Surbac).

Durante la primera audiencia del proceso, el titular del Soelsac, Sergio Fittipaldi —quien declaró como testigo y víctima—, acusó a la conducción del Surrbac de intentar tomar el gremio de la limpieza para desplegar redes de narcotráfico y utilizar la cobertura territorial de la actividad, así como el acceso a precursores químicos empleados en tareas de desinfección, para el procesamiento de estupefacientes.

A raíz de estas graves imputaciones, la fiscal federal Virginia Carmona ordenó abrir una investigación de oficio para corroborar los dichos de Fittipaldi. Pese a que el dirigente gremial no se presentó a las citaciones judiciales argumentando motivos de salud, los comisionados federales ya se encuentran recolectando elementos de prueba para determinar el asidero de sus denuncias.