Jaimes exige controles "reales" tras el escándalo de los asesores con antecedentes

La Legislatura de Córdoba acaba de disponer que los asesores presenten sus antecedentes penales. Una medida que, según el legislador radical Mauricio Jaimes, llega tarde y expone una debilidad profunda: el Estado provincial no controlaba de forma periódica ni rigurosa a quienes cobran un sueldo público dentro de la Unicameral.

En diálogo con Cadena 3, el legislador por Calamuchita no dudó en calificar la situación como “escandalosa y muy triste”.

“Yo creo que eso es una falla en el mecanismo de control permanente que se debería hacer”, explicó. En su bloque, dijo, se pide el certificado al momento de contratar. “Después en la demora, ahí yo creo que está la falla. ¿En cuánto tiempo tardas en volverle a pedir algo que es muy simple de hacer?”.

“Recién ahora la Legislatura se va a enterar”

Jaimes, de la oposición, aclaró que no integra la estructura administrativa que administra el personal. Pero reconoció la evidencia: “Exactamente, por lo que veo, sí. Recién ahora la Legislatura se va a enterar de esta situación”.

La cifra que maneja el recinto es elocuente: alrededor de 300 monotributistas, 350 contratados de legisladores, 700 asistentes legislativos no permanentes y 70 legisladores. Casi 2.000 personas que mes a mes perciben ingresos públicos.

¿Se exige título universitario para asesorar en la redacción de leyes? “Eso lo decide cada legislador”, respondió. En su caso particular, los cinco asesores que le corresponden tienen profesión universitaria: técnicos en turismo, licenciados en trabajo social, psicólogos y contadores. Pero no es un requisito general.

“Debe haber un examen de idoneidad para el cargo”, planteó. Y fue más lejos: “Es triste cuando ves que hay gente que figura y nunca en mis dos años y pico los vi en la Legislatura”.

El control que no existe y los antecedentes que no llegan

Consultado sobre si el nuevo pedido de certificados provinciales será suficiente, Jaimes recordó los casos recientes que conmovieron a Córdoba. Mencionó el de Claudio Barrelier —exbecario municipal acusado del femicidio y descuartizamiento de Agostina Vega, de 14 años— y el de Saavedra Paredes, exconvicto que ocupó cargos en SENAF y el municipio durante años.

En ambos, los certificados presentados no reflejaron la realidad judicial.

“Si en los antecedentes que brinda la Policía no está con la celeridad que tiene que estar el informe… obviamente ahí estamos ante un problema”, dijo.

Propone una solución concreta: antecedentes nacionales desde el inicio, renovados cada tres o seis meses, y mayor rigor en la carga de las causas.

“Porque si no te das con estas situaciones: presentan un certificado y todavía no se cargó la causa, la imputación, y resulta que la persona estuvo presa y no te enterás”.

Más allá de la Legislatura: “una falla sistémica”

Jaimes se negó a circunscribir el debate solo al caso del asesor José Aníbal Villarreal —exasistente del legislador oficialista Ernesto Ramón Flores, detenido en la causa de grooming y abuso sexual de niñas de 12 a 14 años en Villa de María de Río Seco—.

Según confirmó la fiscal Analía Cepede a Cadena 3, las tres víctimas tenían colocado un chip anticonceptivo desde hacía al menos dos años, cuando tenían alrededor de 11. El dato abrió una nueva línea de investigación sobre responsabilidad hospitalaria. Hay once detenidos.

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“Si direccionamos esta cuestión solamente a la Legislatura, solamente a un legislador o solamente al municipio… nos estamos equivocando”, advirtió Jaimes.

“Acá estamos hablando de una falla sistémica de este gobierno del poder de Córdoba que obedece a causales fundamentales. Una de estas es la permanencia en el poder por casi tres décadas de este sistema. Eso es lo que está provocando un debilitamiento institucional muy grande”.

Mencionó la justicia dependiente, la cúpula policial procesada y el sistema penitenciario en crisis.

“¿Qué le vas a exigir vos a un sector si la justicia no funciona en Córdoba? Si tenemos una justicia que cada vez es más dependiente del poder… Entonces, discutamos más ampliamente el tema, que no el árbol nos tape el bosque”.

Sobre el control horario de los asesores, fue pragmatista: no se puede exigir ocho horas de escritorio a quien trabaja en territorio, especialmente a los legisladores del interior. Pero el sentido común marca un límite: “No puede ser que haya gente que vos ves que tiene un sueldo, que está en un listado y no lo has visto nunca en la Legislatura, porque en política nos conocemos la mayoría”.

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Entrevista de Radioinforme 3.