Iba a alta velocidad, atropelló y mató a un joven: la causa prescribió y fue sobreseído

La Justicia de Mendoza sobreseyó definitivamente al empresario César Alejandro Verdenelli, quien había sido condenado por atropellar y matar a Alan Villouta, de 21 años, en 2017. El tribunal declaró extinguida la acción penal por prescripción y dejó sin efecto la pena impuesta en 2020.

La resolución fue dictada por el Tribunal Penal Colegiado N° 2, integrado por Mauricio Juan, Horacio Cadile y Fernando Federico Martínez. Los magistrados hicieron lugar al planteo de la defensa y consideraron que había vencido el plazo legal para continuar con la persecución penal.

Verdenelli había sido condenado el 14 de abril de 2020 a tres años de prisión en suspenso y ocho años de inhabilitación para conducir por homicidio culposo agravado. La pena máxima prevista para ese delito es de seis años, el mismo período que la ley establece para la prescripción.

Tras la sentencia, la defensa encabezada por el abogado Eduardo De Oro presentó un recurso de casación ante la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. El planteo permaneció sin resolución durante cinco años y diez meses, hasta que el máximo tribunal provincial confirmó la condena en febrero de 2026.

La defensa interpuso luego un recurso extraordinario federal para intentar llevar el expediente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte mendocina rechazó esa presentación el 13 de abril de 2026, un día antes de que se cumplieran seis años de la condena.

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La Fiscalía y la querella fueron notificadas el 14 de abril, mientras que Verdenelli recibió la comunicación personalmente el 17. La defensa sostuvo que para entonces la acción penal ya se encontraba prescripta.

La Fiscalía y los representantes de la familia Villouta rechazaron esa interpretación. Argumentaron que la sentencia había quedado firme el 13 de abril, cuando la Corte provincial denegó el recurso extraordinario, y que no era necesario esperar la notificación personal al condenado.

Después de escuchar a las partes en una audiencia realizada el 31 de julio, el tribunal aceptó la postura de la defensa. Los jueces entendieron que la comunicación efectuada a Verdenelli después del vencimiento del plazo no alcanzó para evitar la prescripción y ordenaron su sobreseimiento definitivo. La resolución reabrió el debate sobre las demoras de la Justicia mendocina.

Alan Villouta murió durante la madrugada del 26 de agosto de 2017, cuando regresaba de trabajar en una pizzería del centro comercial La Barraca, en Guaymallén. El joven intentaba cruzar a pie el Acceso Sur para dirigirse hacia una parada de colectivo.

Según relató su familia, decidió atravesar la calzada porque anteriormente había sufrido robos al utilizar el paso peatonal de la zona. En ese momento fue embestido por una camioneta Porsche Cayenne conducida por Verdenelli.

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El empresario no se detuvo a auxiliarlo y se presentó espontáneamente ante la Justicia casi 60 horas después. Debido al tiempo transcurrido, no fue posible realizar estudios que permitieran determinar si había consumido alcohol o drogas antes del hecho. Por ese motivo, no puede afirmarse que manejaba alcoholizado, como señalaron algunos dirigentes tras conocerse el fallo. Ese consumo nunca pudo acreditarse durante la investigación.

En un primer momento, Verdenelli fue imputado por homicidio simple con dolo eventual, figura que contempla penas de ocho a 25 años de prisión. Durante la instrucción, la acusación fue modificada y el empresario llegó a juicio por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo.

Andrés Villouta, padre de Alan, expresó su indignación por el desenlace judicial y cuestionó la demora de la Corte mendocina. "Los nueve años no sirvieron de nada. Mi hijo no está", lamentó.

La familia anticipó que intentará recurrir el sobreseimiento ante la Suprema Corte provincial, aunque reconoció que el planteo tendrá un camino judicial complejo.

El fallo también generó repercusiones en la Legislatura de Mendoza. El diputado provincial de Fuerza Patria Lucas Ilardo cuestionó duramente la resolución y sostuvo que transmite un mensaje de impunidad. El legislador también apuntó contra las demoras acumuladas durante la tramitación de los recursos.

Por su parte, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti reimpulsó un proyecto presentado en 2022 para modificar los artículos 84 bis y 94 bis del Código Penal. La iniciativa propone penas de cuatro a ocho años de prisión para quienes se fuguen o no auxilien a una víctima después de un siniestro vial, además de incorporar la figura de culpa grave para las conductas especialmente temerarias.

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Informe de Facundo Dimaría.