Habilitaciones truchas: la defensa de Folli pidió investigar a los denunciantes

La investigación conocida como "Bomberos Sociedad Anónima", que destapó una supuesta red de habilitaciones falsas para comercios en la provincia de Córdoba, suma un nuevo capítulo con denuncias cruzadas entre los imputados y los denunciantes originales. 

El fiscal Guillermo González lidera una pesquisa que involucra a 16 acusados, entre ellos exjefes de Bomberos, funcionarios municipales, gestores y empresarios, y que ahora enfrenta un giro impulsado por la defensa de los principales señalados.

El caso, que salió a la luz en 2022 tras la denuncia de un bombero que detectó su firma falsificada en certificados de habilitación, reveló un esquema que operó entre 2008 y 2023. 

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Según la fiscalía, esta red emitía certificados apócrifos que permitían a comercios funcionar sin cumplir con las normas de seguridad contra incendios, poniendo en riesgo a empleados y clientes. Entre los principales imputados están Gustavo Folli Pedetta, exjefe de Bomberos, exsubjefe de Policía y exdirector de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba, y Sergio Sosa, quien lo sucedió en la Dirección de Bomberos. Ambos fueron detenidos el 27 de diciembre de 2023 y permanecen con prisión preventiva por presunta asociación ilícita.

La investigación señala cuatro "patas" del esquema: bomberos que emitían certificados falsos, funcionarios municipales que otorgaban habilitaciones finales, gestores privados y empresarios que pagaban por estos servicios irregulares. 

Hasta el momento, se han identificado al menos 27 certificados truchos, con comercios como supermercados Cordiez, Mercamax, Mariano Max, la concesionaria Auto Haus y canchas de pádel entre los involucrados. El fiscal González destacó que la prueba recopilada es "sólida", aunque la causa aún está en etapa de instrucción. 

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El abogado José D'Antona, quien asumió la defensa de Folli y Sosa tras la designación de su anterior defensor, Alejandro Pérez Moreno, como fiscal adjunto provincial, presentó un planteo que busca revertir el rumbo de la investigación. 

D'Antona sostuvo que los verdaderos responsables de las habilitaciones falsas son los denunciantes originales, también bomberos, y no sus clientes. En el caso de Sosa, el abogado señaló que lleva "187 días sin que la fiscalía haya realizado medidas probatorias" para sustentar los cargos, por lo que solicitó el 6 de agosto la libertad del exjefe de Bomberos. 

Además, Sosa denunció penalmente a los bomberos Sergio Clavero, Martín Castro, César Rellina y Martín Fernández Cabrera, alegando que elementos en el expediente, ignorados por la fiscalía, los comprometen en la maniobra.

Por su parte, Gustavo Folli, también asesorado por D'Antona, presentó dos denuncias contra el bombero denunciante, identificado como Guillermo Giraudo, quien actúa como querellante particular. Según la defensa, siete testimonios en el expediente sugieren que Giraudo debería ser investigado, y se lo acusa de posible falso testimonio cometido en la propia fiscalía. "No podemos entender cómo esta situación sigue adelante", expresó D'Antona, quien insistió en que la fiscalía no profundizó en estas pruebas.

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Informe de Juan Federico.