Grooming y abusos en Río Seco: "No se descartan nuevas detenciones ni víctimas", dijo la fiscal

La investigación por graves delitos contra la integridad sexual en el norte de la provincia de Córdoba sumó derivaciones e incorporó elementos clave que comprometen el uso de recursos públicos. 

La fiscal de instrucción a cargo de la causa, Analía Cepede, confirmó que el proceso no está cerrado, que hay 16 órdenes de detención ejecutadas hasta el momento y que continúan las medidas para determinar el alcance de las responsabilidades.

Entre los elementos sumados al expediente figuran los audios viralizados que vinculan al asesor legislativo José Aníbal Ricardo "Hachazo" Villarreal detenido con la presunta entrega de asistencia social —como chapas y alimentos— a cambio de abusos a menores en situación de extrema vulnerabilidad. Al respecto, la fiscal precisó que la conducta podría agravar la imputación hacia la figura de promoción a la corrupción de menores.

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Respecto al estado actual y a la reconstrucción del caso, Cepede destacó los siguientes puntos clave:

Involucrados e imputaciones: de los 16 detenidos, siete enfrentan cargos directos por abuso sexual —con un caso agravado por el uso de violencia física—, mientras que el resto está imputado por delitos como grooming y corrupción de menores aprovechando la asimetría de edad y poder.

Causa abierta: la fiscalía sigue receptando declaraciones indagatorias y analiza nuevos elementos probatorios. No se descarta el surgimiento de nuevos hechos delictivos, más detenciones o la identificación de otras víctimas.

Líneas de investigación institucional: se evalúan posibles omisiones o complicidades en estamentos policiales y de contención social que no actuaron oportunamente en denuncias previas vinculadas a los acusados.

Protocolos sanitarios: Cepede aclaró que se descartó responsabilidad hospitalaria respecto a la colocación de anticonceptivos subdérmicos a dos menores, tras verificar en las historias clínicas que acudieron acompañadas por sus tutores legales conforme a la normativa vigente.

Finalmente, la funcionaria remarcó que la Fiscalía General acompaña las actuaciones y garantizó que las decisiones del fuero se basan en pruebas objetivas, al tiempo que instó a la comunidad a utilizar las líneas anónimas 141 y 144 para aportar información sobre hechos de vulneración de derechos.