Exclusivo: también investigan la evolución patrimonial del juez Sánchez Torres

Los fiscales federales Pablo Nicolás Turano (especialista en Penal Económico, de la Procuración General de la Nación) y Maximiliano Hairabedian (a cargo de la fiscalía del Tribunal Oral 1 de Córdoba) no sólo imputaron a las maximas autoridades de la Justicia Federal de Córdoba por haber, presuntamente, manipulado las integraciones de las sala A y B de la Cámara Federal de Apelaciones para intervenir en una causa por evasión tributaria contra gerentes de la cerealera Bunge, sino que también abrieron un expediente paralelo, en este caso sólo en contra del juez Abel Sánchez Torres, en el que solicitaron la investigación patrimonial del magistrado.

En el primer expediente, la denuncia fue realizada por una secretaria, Celina Laje Anaya, que mencionó tanto las presuntas irregularidades en la conformación del tribunal como supuestos episodios de maltrato laboral del cual habría sido víctima.

Allí sostiene que los magistrados y secretarios habrían articulado movimientos internos para asignarse causas de “relevancia económica”.

La maniobra, siempre de acuerdo a la denuncia, habría consistido en alterar la integración de las salas, aprovechando la falta de dos jueces naturales en el tribunal y el sistema rotativo para el tercer voto, lo que facilitaba la intervención directa de los imputados en resoluciones de expedientes sensibles, especialmente del sector agroindustrial.

Ante esto, la Procuración General de la Nación ordenó a los fiscales Turano y Hairabedian que investigaran juntos.

El miércoles último, presentaron la promoción penal contra Sánchez Torres (vicepresidente de la Cámara Federal), Graciela Montesi (presidente y pareja de Sánchez Torres) y los secretarios Mario Olmedo y Gustavo Flores.

La acusación formal hacia los imputados incluye abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción.

Al promover la acción penal, se imputa a los acusados y se solicita al juez, en este caso Alejandro Sánchez Freytes, que indague a los involucrados.

Ahora, este juez debe llamar a los cuatro imputados a indagatoria. Luego de este acto, los acusados van a tener acceso a la prueba en contra de ellos, por lo que a través de sus defensores podrán objetarla. Luego, el juez Sánchez Freytes decidirá si los procesa o archiva la causa. También puede dictaminar una falta de mérito, que obliga a los fiscales a profundizar la investigación.

Pero hasta hoy no se sabía que Turano y Hairabedian también promovieron acción penal en contra de Sánchez Torres para que se investigue su evolución patrimonial. En un expediente paralelo, a través de los dichos de testigos y el análisis de otra documentación incorporada en la causa, se advirtieron presuntas inconsistencias en la evolución patrimonial del magistrado durante los últimos años, según apuntaron en la presentación ante el mismo juez Sánchez Freytes.