Empleada fantasma: aseguran que Nadia Fernández “respondió a un favor político”

El abogado Gustavo Castellanos, representante de Virginia Martínez, conocida como la "empleada fantasma" de la Legislatura de Córdoba, presentó un duro escrito contra la legisladora Nadia Fernández y la directora de Capital Humano, Erika Aguilera, solicitando que se investiguen por presuntos delitos de falso testimonio y falsedad ideológica.

Consultado sobre la situación procesal de su representada, Castellanos explicó en diálogo con Cadena 3 que "Virginia Martínez está imputada por falso testimonio, pero es importante aclarar que esta imputación no está directamente relacionada con su supuesta contratación en la Legislatura, sino por una declaración que el fiscal consideró como tal. Sin embargo, el 22 de julio presentamos una reiteración de pedido de investigación, porque ya el 3 de febrero habíamos solicitado que se investigaran gravísimas circunstancias basadas en la prueba recolectada".

El abogado señaló que los instrumentos públicos aportados por la Legislatura presentan contradicciones con las declaraciones de Fernández y Aguilera, lo que justificaría una investigación por falsedad ideológica. "Hay documentos con fechas que no coinciden con lo manifestado por la legisladora", afirmó.

Consultado sobre si el fiscal Guillermo Mondino no había advertido estas irregularidades, Castellanos respondió: "No puedo hacer un juicio de valor al respecto, pero los instrumentos están en el expediente". 

Además, descartó que Guillermo Kraisman, señalado en el caso, tuviera acceso a estos documentos. "Esto responde únicamente a personal funcionario de la Legislatura".

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Según el abogado, Kraisman solicitó la contratación de Martínez, a lo que Fernández accedió sin conocerla ni verificar antecedentes. "La legisladora admitió públicamente que, al ver que Martínez no trabajaba, decidieron darla de baja. Pero mi representada nunca fue notificada de su contratación. Fernández respondió a un favor político", aseguró Castellanos a Cadena 3.

El abogado detalló los esfuerzos de Martínez para obtener información. "El 27 de enero, tras el escándalo y la detención de Kraisman, presentamos una nota en la Legislatura para que se nos informara sobre la contratación, pero no obtuvimos respuesta. El 5 de febrero reiteramos el pedido por vía digital, tampoco respondieron. Finalmente, el 6 de marzo presentamos un amparo en la Cámara de Contención Administrativa, y recién el 3 de abril, vía mail de la vicegobernadora Prunotto, se notificó a Martínez sobre los términos de su supuesta contratación".

Sobre la responsabilidad de Myrian Prunotto, Castellanos indicó que la respuesta al amparo llegó con demora, en abril, y que solo entonces Martínez fue formalmente notificada. "Esto demuestra que nunca se le comunicó oficialmente su situación", afirmó.

Castellanos insistió en que tanto Fernández como Aguilera deben ser investigadas: "Hay contradicciones en los dichos y en la documentación aportada. Si lo informado por la directora de Capital Humano no se condice con la realidad, podría configurarse una falsedad documental".

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Entrevista de Miguel Clariá y Francisco Centeno.