Oscuro entramado
26/05/2026 | 14:06
Redacción Cadena 3
El mecanismo es tan invisible como efectivo. En los papeles del juzgado de familia, todo se presenta como una gauchada, un acto de pura buena voluntad: una mujer que, supuestamente de onda, decide llevar en su vientre el hijo de otra pareja.
Sin embargo, detrás de esa fachada solidaria, la justicia federal descubrió un engranaje donde la necesidad económica extrema se cruza con un manual de instrucciones explícito redactado por los intermediarios.
Según la investigación judicial que colidera el fiscal federal Carlos Gonella, las mujeres captadas por estas redes —muchas de ellas sumergidas en la pobreza estructural— ingresan al proceso con un libreto predeterminado que deben repetir ante las autoridades para no hacer caer la operación ni el pago prometido.
"Le dicen: usted tiene que declarar ante el juez de familia para que autorice el procedimiento... Tiene que decir que se conocían, que no hubo dinero de por medio", reveló Gonella, desnudando la manipulación detrás del consentimiento legal. "Con lo cual, le están diciendo que mienta".
La trampa es perfecta: la gestante no denuncia porque depende de ese dinero —muchas veces destinado a cubrir carencias básicas como transformar una letrina en un baño digno—, lo que obliga a la justicia a actuar de oficio bajo la figura de trata de personas. El silencio de la víctima está comprado de antemano.
El despiece de la operatoria expone una asimetría feroz. Mientras el circuito transnacional moviliza cifras en dólares que pagan familias del exterior, la compensación que llega al eslabón más débil del negocio es insignificante.
Para mantener la ficción de que lo hacen por puro afecto desinteresado ante los ojos de la ley, los intermediarios imponen restricciones severas a las mujeres durante los nueve meses de gestación:
Aislamiento controlado: se les prohíbe mantener una comunicación fluida o cotidiana con la pareja comitente (quienes aportan el material genético).
Falso conocimiento previo: deben sostener un relato coordinado sobre cómo y cuándo se conocieron con los futuros padres, simulando una relación de amistad o cercanía que jamás existió.
Invisibilización del pago: cualquier transferencia o entrega de dinero se maneja por fuera de los registros oficiales, asegurando que ante el juez de familia el acto quede registrado como una ayuda netamente benéfica.
El negocio sobrevive gracias a ese pacto de silencio guionado. Cuando la necesidad es extrema, la solidaridad deja de ser una elección y se convierte en el formato obligatorio de un contrato en las sombras.
Entrevista de Miguel Clariá.
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