El Gobierno restringió las acreditaciones de los periodistas en la Casa Rosada

El Gobierno nacional, mediante la resolución 1319/2025, oficializó este viernes nuevos requisitos para que los medios de comunicación y periodistas puedan acreditarse en la Casa Rosada. 

Esta medida, publicada en el Boletín Oficial, derogó la disposición anterior de 2024 y se propuso "ordenar, garantizar la seguridad y promover la pluralidad informativa".

La normativa estableció un plazo de 30 días hábiles para que los medios y periodistas presenten sus solicitudes de acreditación, las cuales serán válidas desde el 1° de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. 

Entre las novedades, se incluyó un procedimiento detallado para la solicitud de accesos, una declaración jurada obligatoria y una "matriz de evaluación objetiva" para evaluar a los postulantes, considerando factores como el “índice de medición de audiencia y alcance” en los últimos tres meses.

Un aspecto clave de la nueva normativa fue la redefinición del número de periodistas que podrían asistir a las salas de prensa Decano Roberto Di Sandro y de conferencias dentro de la Casa Rosada, según lo estipulado en los anexos firmados por el subsecretario de Prensa, Javier Lanari. 

El Gobierno determinó que solo hasta 25 periodistas acreditados bajo la modalidad Anual podrían acceder a la Sala de Periodistas "Decano Roberto Di Sandro". Además, otros 36 profesionales tendrían la posibilidad de asistir desde la Sala de Conferencias.

El Gobierno justificó esta medida como necesaria para garantizar "condiciones de seguridad adecuadas, evitar aglomeraciones y permitir un desarrollo ordenado y eficiente de las actividades oficiales". La Casa Rosada también estableció que el código de vestimenta para las conferencias “será formal, en razón de la naturaleza institucional del acto y su trascendencia a nivel nacional e internacional”.

Las autoridades afirmaron: "Este requerimiento responde al protocolo de los actos oficiales cuyo respeto es fundamental para mantener el decoro y el orden correspondiente. En consecuencia, los acreditados y/o participantes tendrán que cumplir con el mismo a fin de preservar las buenas costumbres, el respeto por las instituciones y la importancia del evento".

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El Gobierno indicó que no se permitiría el ingreso a la Sala una vez iniciada la conferencia. Además, "el conferencista y/o moderador encargado de facilitar el desarrollo de la conferencia, tendrá la facultad de gestionar el uso o el tiempo de intervención de los acreditados y/o participantes cuando sea necesario a efectos de favorecer el orden, fomentar o moderar el debate y asegurar la continuidad de la actividad".

Asimismo, se estableció que el moderador tendría la capacidad de controlar las preguntas: "Se facilitará un micrófono a efectos de formular la pregunta el cual deberá ser devuelto concluida la formulación de la misma. En el supuesto de habilitarse una nueva intervención, el micrófono será entregado nuevamente".

Además, la circulación por "espacios no autorizados especialmente" se consideró una falta grave. También se prohibió transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, o tomar fotografías en dichos espacios. 

La Subsecretaría de prensa advirtió que incurrir en al menos dos faltas graves "podrá ser considerado causal suficiente para la revocación y/o no renovación de la acreditación otorgada".

Por último, se reforzaron las facultades de la Subsecretaría de Prensa, que se convirtió en la nueva autoridad de aplicación del régimen. Este organismo podrá dictar normas complementarias y ejercer el control sobre el cumplimiento de los requisitos. 

El gobierno de Javier Milei remarcó que la actualización de la normativa busca "asegurar el pleno ejercicio del derecho de la ciudadanía a recibir información objetiva, plural y de interés público, en condiciones de igualdad y transparencia".

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Informe de Ariel Rodríguez.