El Frente Cívico exige saber quién colocó chips anticonceptivos a nenas de 11 años

Una nena de 11 años llevaba dos años con un implante subdérmico anticonceptivo. Lo confirmó la fiscal. Esa misma chica es víctima de explotación sexual, abuso y grooming en el caso que sacude a Villa de María del Río Seco.

El Frente Cívico no se quedó en la denuncia mediática. Presentó un pedido de informe formal al Ministerio de Salud de la provincia. “Seguramente va a tomar estado parlamentario este miércoles”, anticipó el legislador Walter Nostrala.

La pregunta es directa: ¿quién, cómo y bajo qué protocolo se colocan estos “chips” a menores?

Qué quiere saber la oposición

Nostrala detalló el alcance del pedido: acceso, distribución, protocolos de colocación, criterios médicos y rango etario. ¿Una menor puede recibir el implante sin acompañamiento de un responsable adulto? ¿Existe stock controlado? ¿Hay seguimiento posterior?

“Lo que debería ser un método para cuidar la salud, por falta de controles se convierte en un facilitador de situaciones de explotación o de abuso”, sostuvo.

Y amplió el foco: no se trata solo de Río Seco. “Queremos que no es el único lugar de la provincia donde se produce este tipo de abuso, aprovechando la situación económica de estas chicas, estas familias vulnerables”.

“Si no controlan, se convierte en un facilitador”

El legislador fue más lejos. Señaló que la ausencia de equipos interdisciplinarios —psicólogos, trabajadores sociales— y de un seguimiento real deja el programa sanitario expuesto.

“Si el Ministerio de Salud no controla este tipo de métodos… se convierte en un facilitador. Para que estas bestias, estos animales puedan realizar la explotación o el abuso sexual de menores”, afirmó.

La frase es dura, pero resume la preocupación central: un dispositivo pensado para prevenir embarazos puede, sin controles, facilitar el negocio de quienes explotan a niñas vulnerables.

Responsabilidad del Estado y de la Justicia

Nostrala no limitó la crítica al área de Salud. Recordó que hubo denuncias anteriores que “la justicia cajoneó”. “Probablemente esto se podría haber evitado”, dijo.

También aludió a la responsabilidad política: “Aquí hay una gran responsabilidad por parte del gobierno y también de la justicia”.

Sobre el legislador Flores, vinculado al caso y que pidió licencia, el Frente Cívico anticipó que acompañará un eventual pedido de expulsión si se trata en la Unicameral. “Queremos que a partir de ahora… tenga la justicia la total libertad, que no tiene que haber ningún tipo de influencia, ninguna presión”.

Pedidos de informe que no prosperan

El legislador reconoció una limitación estructural: la mayoría oficialista suele bloquear los pedidos de informe. “Hay miles de pedidos de informe… que por supuesto, como el peronismo tiene una mayoría, no se aprueban”.

Aun así, defendió su utilidad. “Es una utilización importante, que se visibilice el problema… No nos podemos quedar de brazos cruzados. Por lo menos, hacer de que la opinión pública sepa qué es lo que está sucediendo”.

Citó como ejemplo un pedido anterior sobre los viajes al exterior del ministro Acosta: 111 días en un año, varios de ellos con su esposa. Hasta ahora, sin respuesta.

La pregunta que queda abierta

Más allá de los votos y las mayorías, Nostrala dejó planteada la interpelación de fondo: ¿la colocación de implantes anticonceptivos a nenas de 11 años forma parte de una política seria de salud preventiva para adolescentes, o se transformó —por falta de control— en una herramienta que facilita el peor de los negocios?

Este miércoles el pedido de informe debería tomar estado parlamentario. El Ministerio de Salud tiene la oportunidad de responder con datos, protocolos y explicaciones.

Entrevista de Radioinforme 3.