El fiscal Fenoll criticó a la Justicia por la domiciliaria del expolicía Grasso

El hallazgo de un cadáver en el departamento de Horacio Grasso, expolicía condenado por el homicidio de un niño en 2007, encendió nuevamente el debate sobre las prisiones domiciliarias.

El fiscal de Cámara, Marcelo Fenoll, que en 2019 intervino en la detención de Grasso por violar su arresto domiciliario, habló sobre el perfil del condenado y las deficiencias del sistema judicial.

En diálogo con Radioinforme 3, Fenoll recordó su intervención en el caso de Grasso en 2019, cuando este fue aprehendido en Barrio General Paz tras un violento episodio. "El señor Grasso fue aprehendido en flagrancia en un hecho ocurrido en barrio General Paz, donde resultó lesionada su madre por parte de él, profirió amenazas, violó otros domicilios tratando de escapar por los techos, con lo cual esa aprehensión se convirtió inmediatamente en medida de detención", detalló.

Explicó que, tras ser internado por una crisis psiquiátrica, las pericias determinaron que Grasso era "aparentemente inimputable" al momento de los hechos, ya que "no habría podido comprender la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones". Esto llevó a su internación psiquiátrica temporal, pero, según Fenoll, "pocos días después, esa situación se revirtió, dejó de ser peligroso para sí y para terceros, esto es un criterio médico que prevalece sobre cualquier otro criterio, judicial".

Como resultado, Grasso volvió a su prisión domiciliaria, en el mismo domicilio donde vivía su madre, víctima de su agresión, lo que Fenoll calificó como "una contradicción".

El fiscal expresó su preocupación por las fallas sistémicas que permitieron que Grasso, condenado a 27 años por el asesinato de Facundo Novillo, volviera a obtener beneficios de prisión domiciliaria a pesar de sus reiteradas violaciones. "Todos los cordobeses como sociedad invertimos en una administración de justicia con sistemas para designar funcionarios y magistrados que cumplan con su labor, hemos gastado infinidad de recursos, por ejemplo, en los procesos de Grasso, para terminar en esto. Me parece que no hay un equilibrio de inversiones, de seguimiento y de búsqueda de resultados, y nos quedamos solamente en los declarativos, porque una sentencia de 27 años puede satisfacer a la sociedad en tanto y en cuanto se cumpla de manera seria, lo que parecería ser que en este caso no sucedió", afirmó Fenoll.

También cuestionó los Mecanismos de control de las prisiones domiciliarias y la falta de profesionalismo en su implementación. "Deberíamos revisar cuáles son esos mecanismos, qué tan bien o qué tan poco bien están nutridos en recursos materiales, qué tan profesionales o qué tan poco profesionales son las personas que están a cargo y articulan esas herramientas", señaló, y añadió que el control social es una herramienta clave que no se está utilizando adecuadamente. "Los vecinos de Grasso, del edificio de calle Buenos Aires, ¿sabían que esta persona estaba en estas condiciones? ¿Tenían a quién recurrir en caso de ver alteraciones a este tipo de circunstancias? Como sociedad, ¿no tenemos el derecho de estar informados quién vive al lado de nuestra casa, en qué condiciones está?", se preguntó.

El fiscal destacó la desprotección de las víctimas, incluyendo a la madre del niño asesinado por Grasso, quien nunca fue informada sobre los cambios en la situación del condenado. "El derecho debe tener una bilateralidad en la protección y a veces esa bilateralidad está desbalanceada. Ponemos el foco en los derechos de la persona que está procesada y está condenada, y no digo que eso esté mal, pero nos estamos olvidando de la víctima, de la víctima particular, pero también de la sociedad que padece como víctima de los hechos delictivos", enfatizó.

Citando el artículo 96 del Código Procesal Penal, Fenoll recordó que las víctimas tienen derecho a ser informadas de toda decisión que modifique sustancialmente la condición del acusado o condenado, un mandato que, según él, "no se cumple".

Finalmente, Fenoll reflexionó sobre el propósito de las penas y su impacto en la sociedad. "¿Dónde queda la pena como un regulador social con pautas de prevención general? ¿De qué le sirve a la sociedad, o mejor dicho, qué tan pernicioso es para la sociedad un mensaje tal como que una persona con 27 años de prisión de condena por un crimen aberrante, a los pocos años, ya está prácticamente viviendo en libertad porque la prisión domiciliaria pasa a ser nada más ni nada menos que un rótulo que está en una carpeta, que está archivada en un servicio penitenciario que parecería que en ese aspecto tiene capacidad operativa cero?", cuestionó.

Para el fiscal, el caso de Grasso muestra la necesidad de replantear la función de la pena para que sea "ejemplificativa" y refleje las consecuencias del delito, más allá de meros principios declarativos.

El caso de Horacio Grasso, ahora bajo investigación por el hallazgo de un cadáver en su departamento, sigue generando indignación y expone las grietas de un sistema judicial que, según Fenoll, no logra garantizar ni la seguridad de la sociedad ni la justicia para las víctimas.

Entrevista de Miguel Clariá.