El abogado de la empleada fantasma habló de "gente designada que ni se enteró"

En el marco del escándalo por las contrataciones irregulares en la Legislatura de Córdoba, Gustavo Castellanos, defensor de Virginia Martínez, conocida como la "empleada fantasma", dijo a Cadena 3: "Presumimos que hay gente designada en la Unicameral que ni se enteró".

Castellanos fue consultado tras el fuerte impacto mediático y político que significó la liberación del dirigente político Guillermo Kraisman, quien había sido detenido por intentar cobrar el sueldo de Martínez con un documento falso.

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Kraisman, conocido por su vinculación al peronismo cordobés, había enfrentado previamente un cargo por hurto en un supermercado.

El abogado de Virginia Martínez, quien supuestamente fue designada por Kraisman para cobrar un sueldo que nunca recibió, aclaró que su defendida está con dictado de falta de mérito. 

"Es muy importante destacar que Virginia Martínez no tuvo ningún tipo de vinculación ni relación en toda la maniobra", señaló Castellanos.

Martínez está imputada por presunto falso testimonio, aunque el juez ha dictado que no hay pruebas suficientes para avanzar en su contra.

Castellanos enfatizó que la investigación del fiscal Anticorrupción, Franco Mondino, ha sido "insuficiente", señalando que la fiscalía no ha indagado adecuadamente sobre quién autorizó la contratación de Martínez. 

"Se manejan fondos, indudablemente, sin ningún tipo aparente de control", afirmó. Además, destacó que el contrato de Martínez nunca existió, a pesar de que su nombre figura en un decreto que aprueba 23 contratos en la Legislatura.

En un contexto donde la legisladora Nadia Fernández reconoció que había designado a Martínez por pedido de Kraisman, el abogado planteó interrogantes sobre la falta de diligencia en la investigación. "La vicegobernadora no fue nunca a declarar", apuntó Castellanos, sugiriendo que esto podría implicar encubrimiento en lugar de una investigación exhaustiva.

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La situación de Martínez pone de relieve un posible mecanismo de defraudación de fondos públicos, donde se designan personas que no trabajan efectivamente. "Presumimos que todavía hay gente designada que no se ha enterado", concluyó Castellanos, dejando abierta la posibilidad de que esta problemática sea más extensa de lo que se ha investigado hasta ahora.

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Entrevista de Miguel Clariá.