Denunciaron a Spagnuolo en Córdoba por presuntas irregularidades en pensiones

En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el exfuncionario Diego Spagnuolo quedó nuevamente bajo la lupa judicial, esta vez en la provincia de Córdoba.

La denuncia fue presentada el lunes por el abogado Pablo Olmos ante la Justicia Federal y acusa a Spagnuolo de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Según el letrado, el ex titular de la Andis habría "orquestado un aparato dirigido a rechazar de manera sistemática las pensiones por discapacidad sometidas a revisión".

Olmos sostuvo que "a partir de la aparición de los audios, comienza a mostrarse un armado sistemático para darle de baja de manera masiva a las pensiones y que cierren los números".

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De acuerdo con la presentación judicial, la maniobra se habría llevado a cabo a través de dos mecanismos principales: la realización de auditorías médicas sobre beneficios otorgados a personas que ya contaban con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) —lo que implicaría un procedimiento sin sustento legal— y la modificación en enero del Baremo, la tabla que regula la evaluación y cuantificación del grado de discapacidad.

La investigación judicial buscará determinar el alcance de estas presuntas irregularidades, mientras Spagnuolo sigue siendo eje de controversias políticas y judiciales a nivel nacional.

Olmos explicó en diálogo con Cadena 3 que "ha existido un plan sistemático para quitar arbitrariamente pensiones" y detalló que este proceso se llevó a cabo utilizando tres herramientas: "la ausencia de un baremo médico para evaluar el grado de invalidez", la "no notificación de la convocatoria a la auditoría", y la falta de personal para gestionar adecuadamente las comunicaciones.

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En ese marco, señaló que actualmente no existe un baremo que permita determinar con precisión a quién le corresponde una pensión. "Existió una resolución que fue derogada y hoy por hoy no existe un baremo", aclaró. Además, mencionó que las notificaciones sobre bajas de pensiones no se están realizando correctamente, lo que generó confusión y malestar entre los beneficiarios. "En el norte de la provincia, la sede de Correo Argentino quedó con solamente dos empleados", afirmó Olmos, lo que dificultó la entrega de cartas documento a los afectados.

En respuesta a la situación, el abogado solicitó a la Justicia que "restituyan preventivamente" las pensiones hasta que se complete el proceso de auditoría y se garanticen las condiciones mínimas necesarias para los beneficiarios.

La denuncia se presenta en un contexto de creciente preocupación por el impacto de las auditorías en la población vulnerable. Olmos mencionó que "la economía verdaderamente se vio resentida" y que muchas personas con discapacidad se vieron obligadas a recurrir a hospitales públicos para recibir atención médica que antes cubrían sus pensiones.

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Entrevista de Miguel Clariá.