"Cueva de los 500 millones": denuncian en Córdoba una megaestafa con el cepo cambiario

Una denuncia por un conflicto sucesorio en el seno de la familia fundadora de la histórica casa de cambio Maguitur derivó en la revelación de la "pata cordobesa" de un presunto esquema de corrupción cambiaria durante la gestión de Alberto Fernández.

Según confirmó a Cadena 3 el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, representante legal del querellante Guillermo Guiñazú, la causa investiga una presunta organización criminal abocada al “lavado de activos, contrabando de divisas, intermediación financiera no autorizada y estafa”.

La maniobra consistía en acceder a dólares a precio oficial del Banco Central para canalizarlos al mercado informal y a firmas offshore en Miami, generando ganancias desproporcionadas.

“Compraban a precio oficial y vendían al precio del blue, que no solo era el 100%, a veces llegó hasta el 200% de diferencia”, detalló Ortiz Pellegrini.

Las operaciones bajo sospecha, que habrían movilizado cerca de 500 millones de dólares, vincularían a la ex-Maguitur —liquidada formalmente en 2020 pero que habría continuado operando "en negro"— con cuevas financieras ubicadas en el piso 20 del edificio "El Rulero" en Retiro, así como en Mendoza, Chile, Salta y fronteras con países limítrofes.

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La presentación penal apunta contra varios familiares del denunciante y colaboradores. Frente a estas acusaciones, Gastón Guiñazú —uno de los señalados— rechazó en forma tajante los cargos en declaraciones periodísticas: “Es todo mentira, es un problema de sucesión; la empresa fue disuelta y no pudo presentar ninguna prueba de lo que dice”.

Por su parte, la querella cuestionó la inactividad de la Fiscalía Federal N.º 2 de Córdoba, a cargo de Carlos Casas Nóblega, donde la causa permaneció un año sin avances sustanciales. “Los testigos que ofrecimos no fueron convocados, las medidas patrimoniales no se habían hecho, los informes al Banco Central no se habían hecho; esto determinó una petición al fiscal Lozada manifestándole esta situación”, explicó Ortiz Pellegrini.

Tras el reclamo presentado ante el fiscal de Cámara Alberto Lozada, la Justicia activó el trámite y citó al denunciante a prestar declaración testimonial de manera virtual desde Estados Unidos.

Entre los elementos presentados por la querella figura la solicitud para investigar el fallecimiento de María Alina Díaz, expareja del fundador de Maguitur y titular del 80% de las acciones de la sociedad original, quien murió el 21 de noviembre de 2023, el mismo día en que tenía previsto reunirse para aportar documentación sobre el entramado societario.

“Ella se ofreció como testigo a nuestro cliente y el 21 de noviembre de 2023 apareció muerta. Esta es una de las cosas que hemos pedido al señor fiscal que investigue”, concluyó el letrado.

La investigación solicita además pericias contables e informáticas, reportes a la UIF y la cooperación de la Justicia de Estados Unidos sobre las corporaciones vinculadas en Florida.