Críticas por los recursos previstos por el Gobierno para la Ley Penal Juvenil

El diputado nacional por Córdoba, Juan Brugge, respaldó el dictamen de mayoría que propone crear un nuevo Régimen Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, aunque marcó "disidencias parciales" vinculadas a la gradualidad de las penas y a la falta de presupuesto para su implementación.

En diálogo con Cadena 3, Brugge se distanció del planteo de que ante un "delito de mayor" corresponda una "pena de mayor" sin matices. "A un niño no se lo puede tratar como a un adulto pequeño", afirmó, al sostener que el régimen debe contemplar el grado de madurez y comprensión del menor al momento del hecho.

El legislador propuso una escala penal diferenciada según la edad. Para jóvenes de 14 años, planteó que se aplique la mitad de la pena prevista para el delito; a los 15 años, los dos tercios; y a los 16 y 17 años, la escala completa. Como ejemplo, señaló que en un homicidio cuya pena para adultos va de 8 a 25 años, en el caso de un menor de 14 debería reducirse de 4 a 12 años.

Además, recordó que el dictamen establece un tope máximo de 15 años de prisión para menores, incluso en delitos que para adultos contemplan prisión perpetua.

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Brugge fue especialmente crítico con los recursos previstos por el Gobierno nacional para poner en marcha el nuevo régimen. Según indicó, el proyecto contempla una partida de 23.700 millones de pesos para todo el país durante este año, cifra que consideró insuficiente frente a las exigencias de infraestructura y adecuación institucional.

Para graficar la dimensión del gasto necesario, mencionó el caso de Córdoba: "El gobernador Llaryora ya inició la licitación para un nuevo complejo, el Papa Francisco, cuyo costo es de 18.000 millones de pesos. Córdoba sola gasta casi lo que la Nación prevé para todo el país”.

En ese sentido, advirtió que la reforma exige preparar al Poder Judicial, al Ministerio Público y crear centros especializados de contención, dado que el régimen no prevé únicamente penas privativas de la libertad, sino también amonestaciones y actividades comunitarias.

El diputado sostuvo que la baja de la edad de imputabilidad no resolverá por sí sola el problema de la inseguridad juvenil. "No le digamos a la gente que con esto se va a solucionar todo. Esto requiere un abordaje integral de prevención y reinserción", expresó.

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También manifestó preocupación por los plazos de implementación. Consideró que los 180 días previstos resultan insuficientes para que las provincias adecuen su estructura judicial y penitenciaria.

Otro de los puntos objetados es el artículo que habilita, en caso de no contar con centros especializados, el alojamiento de menores en secciones separadas de cárceles de adultos. Brugge advirtió que esa posibilidad podría vulnerar la Convención sobre los Derechos del Niño.

Por último, cuestionó que las provincias no hayan sido consultadas formalmente sobre su capacidad operativa y que la Nación no esté garantizando los fondos necesarios para ejecutar la ley. "No va a ser magia y el Gobierno nacional no está garantizando los recursos", subrayó.

El legislador también lamentó la "urgencia" con la que se impulsa el tratamiento del proyecto, al señalar que existía un dictamen similar desde mayo del año pasado que no había sido activado.

Entrevista de Miguel Clariá y Ariel Rodríguez.