Córdoba comenzó a utilizar drones para controlar el arrojo ilegal de residuos en basurales

La Justicia Administrativa Municipal de Faltas de Córdoba comenzó a utilizar drones para fortalecer el monitoreo ambiental y prevenir el arrojo irregular de residuos en distintos sectores de la ciudad.

La nueva tecnología permite ampliar la vigilancia territorial, identificar puntos críticos y aportar información precisa para intervenir ante infracciones ambientales.

El intendente Daniel Passerini presentó la herramienta desde el Centro de Monitoreo Urbano, acompañado por el titular de la Justicia Administrativa de Faltas, Lucas Carpio, y el secretario de Ambiente, Gabriel Martín.

Alcance de los relevamientos aéreos

Los drones tienen gran alcance y definición, lo que facilita la identificación de patentes incluso a distancias considerables. Se suman a la red de vigilancia tecnológica municipal, que incluye puntos fijos y móviles montados en los vehículos de la Guardia Urbana.

"Incorporamos un dron que es una herramienta de innovación tecnológica para combatir el arrojo ilegal de residuos en nuestra ciudad", afirmó Carpio. Este dispositivo permite monitorear más de 63 micro y macro basurales, utilizando una combinación de cámaras y este nuevo recurso aéreo.

El dron está diseñado para realizar vuelos planificados en zonas donde se han registrado antecedentes de arrojo de basura. Gracias a un canal de denuncias que ha procesado más de 100.000 casos, la municipalidad ha podido identificar áreas problemáticas. "El dron tiene capacidad de detectar el número de la chapa patente desde 5.000 metros de altura", aclaró Carpio a Cadena 3.

Cuando el dron identifica un acto de arrojo, se activa un operativo en coordinación con la policía y otros organismos. "Ya tenemos tres personas aprehendidas y multas que oscilan entre 3 millones y 33 millones de pesos", detalló Carpio.

Los drones no solo patrullan áreas predefinidas, sino que también acceden a lugares de difícil acceso. "El dron tiene una cobertura de 6 kilómetros de radio", añadió Carpio. Esto ha permitido detectar nuevos puntos de arrojo que no contaban con vigilancia previa.

El sistema garantiza que quienes arrojan residuos no puedan negarlo. "Así lo identificamos, y se inicia una actuación administrativa y penal", explicó Carpio. Además, refirió que existe una colaboración activa con el fiscal Raúl Garzón para llevar a cabo estos procedimientos legales.

Multas vigentes

El Código de Convivencia Ciudadana de la ciudad (Ordenanza 12.468, art. 219) prevé multas de 200 a 2.000 Unidades Económicas Municipales (UEM), equivalentes actualmente a montos que van desde $3.291.200 hasta $32.912.000 (con un valor de $16.456 por UEM).

Si se utiliza un vehículo para trasladar los desechos, puede sumarse la inhabilitación temporal o el retiro de la licencia de conducir. Además, el infractor que reciba asistencia municipal (subsidios, beneficios o exenciones) la perderá.

En el plano provincial, el Código de Convivencia (Ley 10.326, art. 73 bis) triplica el máximo de la sanción cuando la descarga se realiza con vehículos motorizados en espacios de uso público.