Confirmaron un embargo de 424.000 dólares sobre los bienes de Oscar González

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el viernes pasado los embargos por 424.000 dólares aplicados al exlegislador provincial Óscar González y sus hijos, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. 

González, actualmente bajo prisión domiciliaria, es representado por el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, quien dialogó con Cadena 3 para esclarecer los detalles del caso.

Ortiz Pellegrini explicó que la defensa presentó tres recursos ante la Cámara: uno por la libertad de González, otro por presuntos vicios en la acusación y un tercero contra el embargo. 

Según el abogado, la Cámara resolvió primero sobre el embargo, considerándolo accesorio, mientras que la apelación central sobre la acusación aún está pendiente. "El embargo fue confirmado porque la Cámara no resolvió aún el planteo principal. Es una cuestión de orden procesal", afirmó.

El caso se originó a partir de una denuncia de la legisladora Luciana Echeverría, quien señaló la existencia de bienes que González no habría justificado, incluyendo lotes en Villa Dolores y otras zonas de Traslasierra.

Posteriormente, Echeverría amplió su denuncia mencionando una supuesta vivienda en Estados Unidos valuada en 2,5 millones de dólares y una empresa offshore, acusaciones que Ortiz Pellegrini desmintió categóricamente. "Tuvimos que acreditar que mi cliente no es titular de esos bienes. Esas informaciones son falsas y generaron una percepción exagerada en el plano mediático", sostuvo.

El abogado destacó que la defensa trabaja en dos planos: el jurídico, donde busca acreditar el origen lícito de los bienes de González, y el mediático, donde enfrenta lo que consideró "exageraciones" que afectan la imagen de su cliente. "No se trata de casos como los de Martín Insaurralde o Lázaro Báez. Estamos discutiendo un monto comparativamente menor, y confiamos en demostrar la licitud del patrimonio", agregó.

Respecto a la libertad de González, Ortiz Pellegrini indicó que la Cámara fijó un plazo de cuatro meses, por lo que no apelaron en casación, ya que el trámite superaría ese tiempo. "A los cuatro meses volveremos a pedir la libertad", adelantó. En cuanto al embargo, señaló que no lo apelarán hasta que se resuelva la nulidad del proceso, que considera la cuestión central.

La investigación, a cargo del fiscal Maximiliano Hairabedian, continúa su curso, mientras la defensa insiste en que las acusaciones mediáticas distorsionaron la magnitud del caso.

/Inicio Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.