Casi 4 años después, llega el veredicto contra Oscar González por la tragedia de Altas Cumbres

Este martes, 1.452 días después, la tragedia vial de las Altas Cumbres, protagonizada por el caudillo del peronismo cordobés en Traslasierra, Oscar Félix González, finalmente tendrá un final judicial.

Han pasado tres años, 11 meses y 19 días de aquel sábado 29 de octubre de 2022, cuando, alrededor de las 16, el BMW X1 conducido por el entonces legislador González (era presidente provisorio de la Legislatura) impactó de frente con un Renault Sandero que manejaba Alejandra Bengoa (56), quien murió en el lugar.

Alejandra Bengoa se dirigía a la ciudad de Córdoba junto a su hija Marina Szulewicz (14) y por una amiga de la chica, Alexa Miranda (14).

Alexa quedó parapléjica y con necesidad de atención médica de por vida. Marina sufre secuelas graves y necesita atenciones costosas y prolongadas.

La llamada “tragedia de Altas Cumbres” se produjo en el paraje Niña Paula, cerca de Mina Clavero. El acusado resultó ileso. En el juicio, bomberos declararon que cuando llegaron los primeros servicios de emergencias, se priorizó la atención del líder político antes que el resto de las víctimas.

También hubo un episodio que generó polémica: allegados a González abrieron el vehículo, minutos después del choque, y retiraron bolsos.

Pero, sobre todo, lo que también generó un fuerte escándalo fue el origen del vehículo de alta gama que manejaba González: se trataba de un rodado "mellizo" secuestrado en 2019 por la Justicia de Villa Dolores y que a fines de ese mismo año el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) había asignado a González como depositario judicial, por su cargo como legislador provincial.

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La fiscal Analía Gallarato, que investigó la causa de la "tragedia de las Altas Cumbres", imputó a González por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. 

Ahora, en un juicio que se extendió mucho más de la cuenta, pidió para él una pena de tres años y 10 meses de prisión efectiva, y 10 años de inhabilitación para conducir.

Para este pedido, la fiscal se apoyó, sobre todo, en el informe del perito oficial del Poder Judicial, que determinó que el choque fatal, frontal, se produjo sobre el carril en el que debía circular Bengoa. O sea, que González invadió de manera ilegal el carril opuesto y provocó la tragedia.

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La querella solicitó seis años de cárcel efectiva, y el mismo lapso de inhabilitación, bajo la figura de homicidio culposo agravado por conducción temeraria.

La defensa, liderada por Miguel Ortiz Pellegrini, pidió la absolución, afirmando que Bengoa había sobrepasado a un camión y que fue la causante del choque. O sea, intentó culpabilizar a la víctima de la tragedia.

Lo mismo hizo la Provincia de Córdoba, que a través de la Procuración del Tesoro pidió desestimar los reclamos civiles de las víctimas bajo la afirmación de que Bengoa había sido la causante del impacto.

La indemnización pedida por la querella supera los $ 11.700 millones. González, quien dijo en el comienzo del juicio que no tenía bienes a su nombre y que vivía en un departamento alquilado, debe responder a esta demanda de manera conjunta con la Provincia, ya que el auto que manejaba era responsabilidad del Estado.

El fallo será dado a conocer, alrededor del mediodía, por el juez unipersonal Santiago Camogli, un magistrado con 36 años en el Poder Judicial, quien desde 2017 es vocal en los Tribunales de Villa Dolores.

González no hizo uso del derecho a la última palabra.

Tras la "tragedia de las Altas Cumbres", se abrieron diferentes expedientes simultáneos, además del que investigó el siniestro vial.

En noviembre de 2022, comenzó a ser investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos por el juez federal Miguel Vaca Narvaja, ante la solicitud del fiscal Maximiliano Hairabedian.

En su momento, González fue imputado, estuvo con prisión domiciliaria, pero la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó el procesamiento y ordenó profundizar la pesquisa, que aún sigue abierta.

De manera paralela, en este proceso se abrió una nueva causa para investigar la posible falsedad y omisión en sus declaraciones juradas.

Informe de Roberto Fontanari y Juan Federico.