Exclusivo Cadena 3
15/05/2019 | 07:44 |
La Justicia Federal acusa al ex secretario de Seguridad y ex jefe de Gabinete por incumplimiento de deberes de funcionario público. También está inculpada la ex ministra Cecilia Rodríguez.
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La justicia federal cordobesa imputó a Sergio Berni, ex secretario de Seguridad; Jorge Milton Capitanich, ex jefe de Gabinete y a Cecilia Rodríguez, ex ministra de Seguridad; todos funcionarios durante el último gobierno de Cristina Kirchner.
La acusación es en el marco de la causa que investiga los hechos que se originaron durante el motín policial de diciembre de 2013 en la Ciudad de Córdoba, en un contexto de protesta de los efectivos policiales que reclamaban un aumento salarial.
La imputación, según pudo saber Cadena 3 de fuentes judiciales, es porque no atendieron los insistentes llamados del gobernador y otros altísimos funcionarios provinciales solicitando ayuda ante los desmanes y saqueos ocurridos en distintos barrios de la ciudad.
En estos sectores, ante la falta de efectivos policiales, el 3 y 4 de diciembre de aquel año se registraron robos y hurtos que afectaron a decenas de vecinos de la capital provincial.
Por el motín, la Justicia provincial condenó a varios policías pero la causa avanzó en el plano federal. En ese juicio quedaron evidenciados los llamados a Berni, Rodríguez y Capitanich para pedir el envío de fuerzas de seguridad nacionales fueron insistentes.
La fiscal Graciela López de Filoñuk imputó en ese marco a los funcionarios nacionales por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El abogado Miguel Ortiz Pellegrini, defensor de los policías condenados y quien planteó la situación con los funcionarios kirchneristas, expresó al conocer la imputación: “Estoy muy contento porque esto fue fruto de la tarea que hicimos en la defensa de los policías acusados”, dijo.
“Contribuye a la verdad y no quedarnos en la anécdota: por acción y omisión, fundamentalmente, aquí hubo incumplimiento”, aseguró.
Por lo pronto, la fiscal López de Filoñuk comenzó a convocar a todos los funcionarios que ya declararon en el juicio provincial.
Frente a este fallo, el fiscal Raúl Garzón se mostró conforme con la resolución. Él fue el que, durante los alaegatos, pidió que se investigara a los funcionarios nacionales.
"Se hizo notar y surgió del debate que las autoridades provinciales requirieron de la colaboración de las autoridades nacionales a través de Gendarmería, lo que quedó evidenciado que no se produjo en aquellos días. De tal manera, y a instancias de esta fiscalía, se debieron remitir antecedentes a la Justicia Federal para que investigase ese accionar y las inconductas de los funcionarios", expresó a Cadena 3.
Informe de Francisco Centeno