Andis: la Justicia ordenó investigar la procedencia de los audios de Spagnuolo

La Cámara Federal porteña revocó este jueves por mayoría una resolución del juez Sebastián Casanello y le ordenó profundizar las pericias sobre el origen y la autenticidad de los audios que dieron inicio a una causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En el fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico y Eduardo Farah en disidencia, se señaló que aún no están acreditadas las circunstancias en que fueron obtenidas las grabaciones atribuidas al ex titular del organismo Diego Spagnuolo.

Las defensas de Spagnuolo y de los hermanos Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker habían reclamado la nulidad de los audios y de todo lo actuado, tras sostener que se trataba de material de procedencia incierta, potencialmente adulterado y difundido sin consentimiento. También denunciaron una violación al derecho de intimidad y la ausencia de peritajes que avalen su autenticidad.

La Cámara consideró que la decisión de Casanello de rechazar ese planteo se basó en premisas no verificadas. Irurzun y Boico señalaron que la investigación se activó a partir de publicaciones periodísticas que reproducen información surgida de los mismos audios cuestionados y que aún no está esclarecido si fueron editados, manipulados o generados mediante inteligencia artificial.

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En disidencia, el juez Farah defendió la resolución original y afirmó que el contenido de los audios aporta datos verificables sobre presuntas maniobras irregulares en la ANDIS, lo que, a su criterio, otorga verosimilitud suficiente para justificar la investigación.

La Cámara dispuso devolver el expediente al juzgado de origen para que practique las medidas periciales pertinentes antes de dictar una nueva resolución.

El abogado penalista Jorge Monastersky, explicó en Cadena 3 que es fundamental determinar la legalidad de los audios antes de analizar el contenido. "Lo que se tiene que discutir, por un tema de legalidad, por un tema constitucional, es cómo aparecen esos audios", señaló. Además, advirtió que la falta de control judicial en la obtención de estos audios podría invalidar su uso en la causa.

El tribunal establece que aún no se sabe si los audios fueron registrados por un particular o por una autoridad. "La teoría del fruto del árbol envenenado dice que si algo nace mal, todo lo que sigue no puede seguir adelante porque no hubo control del Estado", aclaró Monastersky. Este principio es clave para el desarrollo del caso, ya que afecta la validez de las pruebas presentadas.

El camarista Fara, quien legitima la resolución del juez de grado, enfatizó que "los audios tienen referencias explícitas válidas sobre corrupción". Sin embargo, se plantea la cuestión de cómo se obtuvieron estos audios y si hubo alguna violación de la privacidad. Monastersky utilizó la analogía de un allanamiento ilegal para ilustrar que cualquier evidencia obtenida sin el debido proceso carece de validez.

"Si se prueba que esos audios fueron obtenidos de manera ilegal, no pueden ser utilizados en la causa", advirtió el abogado. A pesar de la relevancia de los contenidos de los audios, la forma en que fueron obtenidos es crucial para su validez en el proceso judicial.

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Entrevista de Miguel Clariá.