Prohibición de cuidacoches: "Primero hay trabajo comunitario, luego arresto"

El debate por la prohibición de los cuidacoches volvió a instalarse con fuerza en la Legislatura santafesina y suma consenso político, aunque todavía quedan aspectos por resolver antes de su aprobación definitiva. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de Diputados, Martín Rosúa, confirmó que existe voluntad mayoritaria para avanzar con la iniciativa y destacó que la discusión ahora gira en torno a cómo se aplicará en la práctica. “Fue una reunión muy interesante, hubo una respuesta muy homogénea de los intendentes y de los secretarios de control. Todos manifiestan la idea de avanzar con el proyecto”, aseguró.

Rosúa explicó que uno de los principales planteos de los municipios tiene que ver con la carga administrativa y judicial que implicaría la nueva normativa. “El artículo 4, donde dice que ellos tienen que instar la acción ante la Justicia, les parece que les va a dar una carga de trabajo para la cual hoy no tienen la estructura suficiente”, indicó. En ese sentido, aclaró que serían las áreas legales municipales las encargadas de presentar las denuncias y no directamente los jueces.

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El legislador radical consideró que el Ministerio Público de la Acusación no debería absorber esta tarea porque “ya está demasiado ocupado en perseguir los delitos ordinarios y seguir la política criminal que tiene la provincia de Santa Fe”. Según planteó, la alternativa sería reorganizar las estructuras legales existentes dentro de cada municipio para afrontar el nuevo esquema de control.

Otro de los puntos conflictivos es el funcionamiento del sistema judicial en las grandes ciudades. Rosúa remarcó que actualmente no existen juzgados de faltas provinciales y que, en ciudades como Rosario, las causas podrían terminar recayendo sobre la Justicia penal ordinaria, ya saturada. “Hoy Rosario tiene más de 600 juicios orales y públicos que todavía no tienen fecha y están atrasados”, advirtió durante la entrevista.

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A pesar de esas dificultades, el diputado se mostró optimista respecto del futuro de la ley. “Yo creo que vamos a terminar avanzando porque la definición es muy clara de todos los sectores”, sostuvo. Para Rosúa, la prohibición tendrá una primera etapa de fuerte intervención estatal hasta ordenar la situación en la calle. “Va a haber una etapa donde se va a tener que actuar y perseguir la situación, pero después eso se va a acomodar”, señaló.

Durante la charla también se abordó la realidad cotidiana de Rosario, donde la presencia de cuidacoches continúa siendo habitual en zonas de alta circulación, especialmente durante eventos masivos y horarios nocturnos. Rosúa admitió que los municipios ya tienen herramientas de control, pero consideró que esta ley aportará un respaldo jurídico mucho más sólido. “Genera una sanción específica, una sanción más grave por reiterancia y también herramientas para aplicar esas sanciones”, afirmó.

El legislador recordó además que en Rosario ya hubo intentos fallidos de avanzar con una normativa similar. “Nos fue imposible porque nadie quiso votar la ordenanza de prohibición”, reconoció, al tiempo que hizo una autocrítica sobre la falta de consensos políticos en años anteriores. Según explicó, hoy el escenario es distinto por el reclamo creciente de vecinos y comerciantes ante situaciones de extorsión o violencia vinculadas a algunos cuidacoches.

Finalmente, Rosúa detalló cuáles serían las sanciones previstas en el proyecto. “Primero tenés sanciones de trabajo comunitario y después llegás a sanciones de arresto”, explicó. Mientras continúan las negociaciones entre legisladores, municipios y el Poder Judicial, en la Legislatura creen que la prohibición terminará aprobándose y que marcará un cambio importante en el control del espacio público en las principales ciudades santafesinas.

Entrevista de Hernán Funes.