Ordenan la reparación inmediata de las rutas 7, 8 y 33: "Son una ruleta rusa"

El deterioro de las rutas nacionales en Santa Fe volvió a quedar bajo la lupa de la Justicia. Un nuevo amparo, esta vez presentado por la senadora provincial Leticia Di Gregorio, derivó en una sentencia del juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, que ordenó al Gobierno nacional intervenir de manera urgente e inmediata sobre las rutas nacionales 7, 8 y 33, que atraviesan el departamento General López.

La decisión judicial se suma a otros fallos que ya habían obligado al Estado nacional a intervenir sobre distintos corredores viales de la provincia. En Rosario, una presentación había alcanzado a la Circunvalación; en el norte santafesino, otro amparo impulsado por el senador departamental Aldo Alurralde había conseguido una resolución similar, mientras que en la ciudad de Santa Fe también se había recurrido a la Justicia por el estado de las rutas nacionales.

Di Gregorio explicó que el recurso judicial llegó después de agotar otras instancias institucionales. “Nosotros llegamos a esta instancia de la Justicia después de recurrir a otras etapas habituales, como pedidos de informes en el Senado, reuniones en Buenos Aires y envíos de notas”, señaló. Y agregó: “Cuando ya no sabíamos a qué más recurrir, recurrimos el año pasado a la Justicia Federal.”

La senadora describió como “deplorable” el estado de los corredores viales y aseguró que el deterioro no es reciente. “Siempre estuvieron mal, pero hace un par de años ya que no tienen mantenimiento mínimo”, sostuvo. Incluso recordó que tuvo que recurrir a la Justicia para reclamar algo tan básico como el corte del pasto en las banquinas.

La gravedad de la situación, según explicó, también aparece reconocida en documentación oficial. “La Justicia lo vio en el fallo. Está incluso, hay informes de Vialidad Nacional presentados en el escrito donde reconocen que están en estado calamitoso”, afirmó.

El fallo establece que la intervención debe ser “urgente e inmediata”, aunque no fija un plazo concreto para que comiencen los trabajos. “Entendemos que los plazos del Estado nacional no son los mismos que nosotros desearíamos, pero esperamos que en el corto tiempo arranquen con algunos trabajos”, señaló Di Gregorio.

El reclamo, además, no se limita a una reparación superficial. La senadora explicó que hace un año habían presentado un amparo para solicitar la repavimentación completa de las tres rutas que atraviesan General López. Paralelamente, habían pedido una medida cautelar para que se realizaran de inmediato trabajos de emergencia.

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“Como sabíamos que los tiempos del amparo se iban a demorar, en manera paralela presentamos una medida cautelar urgente para el bacheo y el arreglo momentáneo de esas zonas más complicadas”, explicó. Sin embargo, sostuvo que Vialidad Nacional ni siquiera cumplió completamente con esas reparaciones iniciales.

Ahora, la resolución judicial dispone una intervención integral. “Este fallo ordena a Vialidad Nacional a la reparación integral, es decir, tienen que repavimentar, levantar la carpeta asfáltica y hacerla de nuevo en todo el tramo que atraviesa el departamento”, detalló.

Las rutas contempladas

La medida alcanza a la ruta nacional 33 entre Rufino y Firmat, a la ruta 8 desde Maggiolo hasta Wheelwright y al tramo de la ruta 7 que atraviesa el sur de la provincia.

La situación de la ruta 33 es particularmente preocupante. Según Di Gregorio, durante la época de cosecha circulan por ese corredor unos 15.000 camiones diarios. “Siete provincias descargan su producción por la 33 para ir al puerto de Rosario”, explicó.

Por eso, la senadora calificó el tránsito cotidiano por esa ruta como una situación de enorme riesgo. “Si ustedes la ven, si la transitan, es realmente una ruleta rusa salir a la ruta”, afirmó.

El problema, además, no afecta solamente a quienes utilizan las rutas para transportar producción. “Los santafesinos no usamos las rutas una vez al año para irnos de vacaciones, las usamos todos los días”, remarcó Di Gregorio. Según explicó, los habitantes de General López las necesitan para trasladarse al hospital de Venado Tuerto, estudiar, trabajar, ir de una localidad a otra o trasladarse a actividades deportivas.

En ese contexto, la senadora destacó que la provincia de Santa Fe decidió hacerse cargo de la ruta nacional A012 ante la falta de intervención nacional. “Hace tiempo la provincia se hizo cargo de la ruta nacional A012, y sin transferencia de recursos del Gobierno nacional. Solo le dio la ruta y empezaron las obras inmediatamente”, sostuvo.

La discusión lleva inevitablemente al financiamiento de la infraestructura vial y al destino de los impuestos nacionales. En particular, Di Gregorio cuestionó qué ocurre con el impuesto a los combustibles que pagan los santafesinos cada vez que cargan nafta o gasoil.

“Hace más de un año y medio que vengo diciendo el tema del impuesto nacional a los combustibles que cargamos cada vez que cargamos nafta en un auto, en una moto, en una camioneta”, afirmó. Según señaló, ese tributo representa aproximadamente el 16% del valor de cada ticket y tiene asignaciones específicas vinculadas a la infraestructura vial.

La senadora sostuvo que Santa Fe aporta enormes recursos a través de ese impuesto sin recibir una contraprestación equivalente. “Solamente Santa Fe en 2025 aportó 480 mil millones de pesos en este impuesto y no está volviendo un solo peso”, afirmó.

Di Gregorio planteó entonces una disyuntiva sobre el destino de esos recursos: “O sacan el impuesto o lo utilizan para lo que corresponde”.

La discusión cobró además una nueva dimensión a partir de declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien sostuvo que la Argentina debería avanzar hacia modelos de infraestructura con mayor participación privada y mencionó como ejemplos a Chile, Uruguay, Perú, México y Guatemala, además de experiencias de privatización de autopistas durante la década de 1990.

Ravier argumentó que el Estado enfrenta una elevada presión tributaria y que debe encontrar un equilibrio entre bajar impuestos y mantener la infraestructura. Pero la referencia volvió a poner sobre la mesa la pregunta central planteada desde Santa Fe: mientras se discute un nuevo esquema para financiar las rutas, ¿qué ocurre con los recursos que los contribuyentes ya están pagando y que tienen destinos establecidos por ley?

La senadora fue contundente al respecto y vinculó el problema con el incumplimiento del destino específico de los fondos. “Entonces, en términos del mismo presidente, esto es un robo porque los impuestos son un robo para él. Entonces, o sacan el impuesto o lo utilizan para lo que corresponde; si no, además es malversación de fondos”, sostuvo.

Entrevista de Hernán Funes.