Menor criminal: "La legislación vetaba todo intento de privarlo de su libertad"

La detención del menor de 17 años acusado de haber participado en los asesinatos de Héctor Raúl Figueroa y Diego Celentano, y del playero Bruno Bussanich durante el violento marzo de 2024 en Rosario, volvió a poner en debate los límites de la legislación penal juvenil y el alcance de las herramientas judiciales para contener a jóvenes vinculados al delito. El ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, habló por primera vez sobre la nueva detención del adolescente y admitió el fuerte impacto que provocó dentro del gobierno provincial. “Nos costaba mucho creer que fuera la misma persona”, aseguró al recordar que el joven fue encontrado armado durante un operativo policial en la zona norte de Rosario.

El funcionario explicó que el adolescente fue detenido luego de una denuncia por disturbios y presuntos disparos. “Esta persona estaba con otros dos compañeros, también menores de edad, y fueron aprehendidos los tres”, detalló. Según precisó, el arma estaba cargada y la rápida intervención policial evitó un desenlace mayor. “Si no se hubiera actuado a tiempo, imagínense el riesgo que podría haber provocado y cómo podría haber terminado la escena”, sostuvo Cococcioni, quien reconoció que el antecedente del joven genera una preocupación especial por tratarse de alguien “capaz de cometer esos hechos”.

La situación del menor reabrió además el debate sobre qué ocurrió desde aquella primera detención en marzo de 2024, cuando tenía apenas 15 años y era considerado inimputable por la legislación vigente. El ministro recordó que en ese momento “la ley vetaba cualquier intento de privarlo de la libertad”, por lo que solo podían implementarse medidas de contención y seguimiento. “Se trabajó en coordinación con Nación y distintos programas para tratar de contenerlo, sacarlo de Rosario y mantenerlo fuera de la calle”, explicó.

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Sin embargo, reconoció que esas alternativas no lograron evitar su regreso a Rosario ni su nueva vinculación con hechos delictivos. “Partiendo de la base de que no era susceptible de privación de libertad, la posibilidad de que pudiera volver estaba”, señaló. Cococcioni insistió en que el marco legal limitaba cualquier otra acción del Estado: “Lamentablemente los hechos que cometió siendo no punible no podrán ser castigados porque era lo que establecía la ley al momento del hecho”.

La nueva detención se produjo ahora en un escenario diferente, ya que el joven tiene 17 años y sí puede ser sometido a proceso penal por hechos recientes. La jueza de menores dispuso una prisión preventiva de 60 días en el exIrar. “Hoy la situación es distinta porque es un menor punible”, remarcó el ministro, aunque aclaró que la medida actual responde únicamente a los nuevos episodios y no a los homicidios cometidos en 2024. “La reforma penal no se puede aplicar retroactivamente”, enfatizó.

Consultado sobre el accionar judicial, Cococcioni evitó cuestionar directamente a los magistrados, aunque destacó un cambio de criterio en el Poder Judicial. “Hace unos años, con esta misma detención, hubiera terminado libre”, afirmó. También valoró el trabajo policial al remarcar que el adolescente ya había sido demorado anteriormente, incluso en noviembre de 2025 por una causa vinculada a drogas. “La policía hizo su trabajo”, sostuvo el ministro, quien consideró que esta vez hubo “una respuesta distinta” por la gravedad de portar un arma cargada.

Nuevas normativas

Durante la entrevista, el titular de Seguridad también confirmó que el gobierno provincial enviará a la Legislatura un paquete de reformas judiciales y penales orientadas a profundizar el plan de seguridad. Entre las iniciativas mencionó modificaciones para agilizar audiencias judiciales, ampliar herramientas investigativas y permitir procedimientos más rápidos. “No es momento de aflojar, es momento de profundizar las reformas”, afirmó.

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Uno de los proyectos prevé que jueces de distintas ciudades puedan intervenir de manera remota en audiencias para equilibrar la carga de trabajo entre tribunales. “Hay jueces en lugares con baja carga laboral y otros saturados de causas. Hay una visión exacerbada de las garantías constitucionales. El proyecto no viola ninguna garantía constitucional, sino algunos prejuicios o preconceptos”, explicó. Ante las críticas sobre una posible afectación del principio del juez natural, Cococcioni sostuvo que “las reglas de competencia van a estar preestablecidas y se aplicarán a todos los casos futuros”, por lo que no existiría violación de garantías constitucionales.

El ministro también defendió propuestas polémicas como el juicio en ausencia, allanamientos ampliados y medidas coercitivas dispuestas por decreto fiscal. “El proyecto no viola ninguna garantía constitucional, lo que cuestiona son ciertos prejuicios”, argumentó. Como ejemplo, señaló: “Si el imputado no se presenta a juicio, no puede obligar a toda la sociedad a esperar indefinidamente”. Según indicó, las reformas buscan reducir la litigiosidad y acelerar procesos judiciales en causas donde no exista conflicto entre las partes.

Finalmente, Cococcioni sostuvo que el objetivo del gobierno de Maximiliano Pullaro es consolidar una reducción sostenida de la violencia en Santa Fe y dejar atrás los años más críticos de Rosario. “Los principales indicadores han bajado, pero el problema no está solucionado”, advirtió. Y concluyó: “Queremos terminar la gestión con indicadores normales de seguridad y dejar de ser una provincia con tasas de homicidio cinco veces superiores al promedio nacional”.

Entrevista de Hernán Funes.