"Le dicté la prisión preventiva en las tres causas": Pineda respondió las críticas por Bailaque

El presidente de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda, salió a responder a los fiscales que cuestionaron su decisión de frenar una de las causas contra el exjuez Marcelo Bailaque y brindó detalles sobre la auditoría iniciada ante la posible paralización, durante unos seis años, de miles de expedientes vinculados principalmente con la venta de drogas.

Pineda respondió a la embestida de los integrantes del Ministerio Público Fiscal que cuestionaron e impugnaron porque "nadie le pidió" la decisión que dejó en suspenso el avance de una de las causas contra Bailaque. “Discrepo con la interpretación de los fiscales. Bailaque tiene tres causas y le dicté la prisión preventiva en las tres".

Consultado por la modificación a la modalidad domiciliaria que la Cámara modificó a la primera "efectiva" (en la cárcel) que había dictado en primera instancia Eduardo Rodrigues Da Cruz, señaló que "la domiciliaria es una forma de la prisión preventiva".

"En este caso (por el freno el juicio en suspenso), la cuestión puntual es que la Cámara de Casación le admitió un recurso extraordinario", argumentó.

El presidente de la Cámara Federal de Rosario recordó además que rechazó los pedidos de nulidad de las investigaciones, del secuestro del celular de Francisco Baudagna y de apartamiento de fiscales y jueces. “En base a la ley y a las pruebas, les hice lugar a los planteos de los fiscales”, sostuvo.

Sobre la causa por la presunta extorsión a los empresarios Pedro Oneto y Juan Manuel Iglesias, explicó: “La Cámara Federal de Casación Penal admitió un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para resolver si Bailaque debe ser juzgado por el Código nuevo o por el viejo”. Por ese motivo, suspendió la audiencia de control de acusación hasta que se defina la discusión. “Interpreto que ese recurso extraordinario, admitido y otorgado, tiene efecto suspensivo”, afirmó.

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Pineda defendió la decisión ante el riesgo de que todo el proceso termine anulado: “Podríamos juzgar y condenar a Bailaque por el Código nuevo y que después la Corte diga que debía aplicarse el viejo”. Y advirtió: “Llegaríamos al escándalo de tener que anular el juicio y, por el principio que prohíbe juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho, Bailaque podría quedar absuelto o sobreseído”. Los fiscales recurrieron la suspensión y ahora resolverá la Cámara Federal de Casación Penal.

La Auditoría a los juzgados de Bailaque y Vera Barros

La revisión comenzó después de que apareciera una fuerte diferencia entre las estadísticas de los juzgados federales y las informadas por los fiscales. Mientras los primeros habían declarado alrededor de 8.500 expedientes penales residuales, el Ministerio Público Fiscal registraba solamente 1.180.

Pineda explicó en Cadena 3 Rosario que se les otorgaron 48 horas a los secretarios de los juzgados para reformular las cifras de acuerdo con los criterios de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura. Tras esa primera corrección, el número informado bajó de 8.500 a aproximadamente 3.800 causas.

“Hay una diferencia importante y ahora empezaríamos la segunda etapa, que es cotejar uno por uno cada uno de esos expedientes para establecer cuál es su situación actual”, señaló. El magistrado aclaró que todavía no puede afirmarse que las 3.800 causas hayan permanecido sin movimiento, aunque reconoció que la auditoría busca determinar precisamente si estuvieron paralizadas o demoradas.

Según indicó, se trata en principio de causas penales iniciadas antes de la puesta en marcha del sistema acusatorio federal y que continuaron tramitándose mediante el antiguo procedimiento escrito. Muchas corresponden a denuncias por venta de estupefacientes y hechos relacionados con el microtráfico, que en aquel momento eran competencia de la Justicia federal.

Pineda sostuvo que la confección de las estadísticas es responsabilidad de los secretarios de los juzgados, pero evitó anticipar conclusiones. “Primero hay que ver a qué obedece esa diferencia y cuál es el estado de cada causa. Después se evaluará si corresponde una responsabilidad administrativa o una responsabilidad penal”, afirmó.

El camarista tampoco descartó que algunos expedientes puedan haber prescripto. No obstante, indicó que, de acuerdo con la información preliminar, se trata mayormente de causas con alrededor de seis años de antigüedad. “Puede haber prescripto o no. Depende del delito y todavía no iniciamos el cotejo uno por uno”, aclaró.

La auditoría se desarrolla en medio de una profunda crisis institucional de la Justicia Federal de Rosario, atravesada por las investigaciones contra Bailaque, quien renunció y permanece con prisión domiciliaria, y contra el juez Gastón Salmain, actualmente suspendido. Pineda recordó que participó de las decisiones que impusieron la prisión preventiva y el procesamiento de ambos.

“Había una sospecha tan alta que nosotros mismos, dentro de la Justicia federal, les dictamos la prisión preventiva a dos jueces”, expresó. Aunque remarcó que ambos mantienen la presunción de inocencia, admitió que existieron elementos suficientes para considerar, en esta instancia, que pudieron haber cometido delitos graves aprovechándose de sus cargos. “La sociedad tiene motivos para estar perpleja”, admitió.

Entrevista de Hernán Funes.