La nueva gobernabilidad que emerge luego de las elecciones

La Libertad Avanza y se impone en toda la nación, mientras se observa cómo el Presidente logra apoyo en ambas cámaras para sus iniciativas. Esto se evidenció con la media sanción de la reforma laboral en el Senado y el nuevo régimen penal juvenil en Diputados, dos temas históricamente polémicos en el país.

A pesar de no contar con mayoría en ninguno de los dos cuerpos, la Casa Rosada se beneficia del respaldo de una masa de gobernadores. Muchos de estos provienen de Cambiemos y reflejan la alianza forjada desde la segunda vuelta de 2023 entre Macri y Milei, con figuras como Patricia Bullrich y Diego Santilli a la cabeza. Sin embargo, también hay gobernadores de un peronismo pragmático, especialmente del noroeste y noreste del país, que se suman a este apoyo. Provincias como Tucumán, Catamarca y Jujuy, junto a Salta y Misiones, forman una masa crítica que otorga los votos necesarios al presidente para avanzar en sus propuestas.

Una novedad en este contexto es que, históricamente, los presidentes lograban apoyo a cambio de dinero, ya sea para obra pública o refinanciación de deudas. Sin embargo, lo que mueve a los gobernadores a aceptar acuerdos con el Poder Ejecutivo no es solo el dinero. En este nuevo escenario, los acuerdos y la gobernabilidad no dependen exclusivamente de recursos económicos, sino de políticas que algunos gobernadores consideran beneficiosas para sus provincias.

Algunos gobernadores reconocen que es necesario ordenar el caos que ha caracterizado a Argentina. Ven con buenos ojos las políticas del presidente, que podrían redundar en beneficios para sus ciudadanos a corto o largo plazo. Esto incluye inversiones en minería, regularización de situaciones complejas y proyectos como el de Yacyretá, que benefician a provincias como Misiones.

Aunque hay un poco de dinero en juego, la Casa Rosada ha perfeccionado un mecanismo para lograr consenso sin depender de las prácticas típicas de la política argentina. Sin embargo, surge la pregunta sobre la sustentabilidad de esta gobernabilidad. Críticos argumentan que estos consensos pueden ser viables solo en años no electorales, lo que plantea un desafío para el presidente en el futuro.

El editorial también aborda el cambio en la responsabilidad del Estado en cuanto a obra pública e inversión en infraestructura. El gobierno propone un nuevo mecanismo que involucra a las provincias y al sector privado, pero queda la duda sobre si esto será suficiente para atender las necesidades urgentes de movilidad y otras áreas críticas.

Algunas políticas del gobierno, como la desregulación del mercado aéreo, han generado un crecimiento notable en el sector aerocomercial, beneficiando a provincias que antes estaban rezagadas. Esta desregulación es valorada por los gobernadores y muestra que, a pesar de las limitaciones, el gobierno utiliza los recursos disponibles de manera inteligente.