La "mano justa" del Estado y el debate sobre el régimen penal juvenil

Hay dos cambios importantes para la iniciativa. En primer lugar, no se está de acuerdo con que la edad de imputabilidad sea fijada en 13 años. Al estar ante la posibilidad de realizar una reforma significativa del Código Penal, se debería considerar una medida más amplia y justa. El tema ha sido postergado innecesariamente y que ha faltado consenso para abordar un asunto tan espinoso, donde existen posturas ideológicas diversas.

Por un lado, los críticos de la baja en la edad de imputabilidad sostienen que no hay evidencia científica que respalde esta medida como una solución para mejorar los índices de inseguridad. Por otro lado, hay expertos que reconocen la existencia de casos en los que el crimen organizado utiliza a menores como coartada. Esto revela que, aunque la baja de la edad de imputabilidad podría no tener un impacto cuantitativo significativo, sigue siendo relevante para combatir grupos criminales que manipulan a menores.

La solución no radica únicamente en la implementación de una nueva ley, sino que se requiere un enfoque más integral que evalúe si el Estado cumple con sus funciones. Es crucial que el Estado garantice un entorno adecuado para que los niños, especialmente aquellos de grupos vulnerables, puedan crecer y desarrollarse sin caer en redes de crimen organizado. Se critica la dicotomía entre mano dura y mano blanda, abogando por una mano justa que cumpla con las obligaciones estatales.

La falta de un debate profundo sobre las capacidades del Estado es un problema central. Considera que no se está discutiendo cómo construir un Estado justo que cumpla con sus responsabilidades básicas. Se destaca la importancia de escuchar diferentes voces, especialmente las de quienes están en la trinchera y enfrentan la realidad de la ausencia del Estado.

Ninguna ley por sí sola resuelve un problema. La implementación de la ley requiere un conjunto de acciones coordinadas entre diversas áreas del gobierno. Aunque se apruebe un nuevo régimen penal juvenil, no se solucionarán los problemas de inseguridad a menos que haya una política pública más amplia que aborde las complejidades del tema.

El país enfrenta un problema demográfico, con una disminución en el número de niños. Subraya la responsabilidad moral de cuidar a los menores, quienes son el futuro del país. La pobreza afecta desproporcionadamente a los niños en Argentina y que es fundamental brindarles oportunidades para su desarrollo.