Investigan a tres empleados municipales por desviar $76 millones: "Habrían aprovechado el desorden"

Tres empleados municipales de Cañada de Gómez fueron imputados por una presunta defraudación contra la administración pública, a partir de una investigación que busca determinar cómo desviaron alrededor de 76 millones de pesos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones local hacia cuentas personales. explicó que las maniobras fueron detectadas a partir de una auditoría realizada por la Municipalidad.

En diálogo con Radioinforme 3, Tosco detalló que los acusados trabajaban en la propia Caja y tenían acceso a información contable y al circuito de pagos. Una de las imputadas cumplía una función jerárquica dentro de la estructura administrativa, aunque no era funcionaria, y tenía entre sus responsabilidades la asignación de pagos a los beneficiarios.

Según explicó el fiscal, esa posición le habría permitido identificar cuentas vinculadas con jubilados y también otras pertenecientes a personas que no eran beneficiarias del sistema previsional. A partir de esa información, los empleados habrían desviado fondos hacia cuentas propias. Entre los involucrados hay un hombre que era esposo de la principal imputada y también trabajaba en la administración previsional.

Tosco sostuvo que la investigación apunta a establecer cómo se organizaron las maniobras y cuál fue el grado de participación de cada uno. “Es evidente justamente que los tres estaban en conocimiento y en coordinación, si se quiere, para poder realizar las maniobras”, afirmó. De todos modos, aclaró que el avance de la causa permitirá precisar las responsabilidades individuales.

El monto que se les atribuye hasta el momento asciende a unos 76 millones de pesos. De acuerdo con el fiscal, a cada uno de los tres empleados se le imputó una suma cercana a 25 millones. Sin embargo, advirtió que la cifra podría aumentar a medida que avance la investigación y se analicen nuevos movimientos contables.

En cuanto al período en que se habrían producido los desvíos, Tosco indicó que uno de los casos comprende movimientos realizados entre noviembre del año pasado y junio de este año, mientras que los plazos serían similares para los otros involucrados. También señaló que las maniobras habrían sido posibles por fallas en los mecanismos de control y detección. “Esto marca la posibilidad de que, aprovechando ese desorden, nuestras falencias de detección, hayan podido realizar todos estos desvíos de fondos”, explicó.

El fiscal confirmó que los tres imputados ya no forman parte de la administración municipal y que se aplicaron las sanciones administrativas correspondientes. Aclaró, además, que la Caja continuó funcionando con normalidad pese a las irregularidades detectadas. Sobre los controles, remarcó que una de las acusadas tenía a su cargo la revisión final de las cargas de pagos de haberes, una función que le habría facilitado el acceso a la información necesaria para concretar las maniobras.

Finalmente, Tosco explicó que los acusados permanecen en libertad, aunque la Fiscalía solicitó restricciones para resguardar el proceso. Entre ellas, mencionó la prohibición de salir del país, de mantener contacto con las dependencias o el personal de la Caja y la obligación de realizar presentaciones periódicas ante la Justicia. “Por el momento no era plausible una prisión preventiva, pero la investigación se sigue desarrollando y esto puede cambiar con el correr de la investigación”, concluyó.