El Gobierno nacional creó un programa para bloquear celulares en cárceles provinciales

El Gobierno nacional creó un programa para extender a las cárceles provinciales el sistema de detección y bloqueo selectivo de celulares que ya funciona en establecimientos penitenciarios federales. La medida busca impedir que personas detenidas utilicen teléfonos para organizar delitos, impartir órdenes o mantener comunicaciones con estructuras criminales desde las unidades penitenciarias.

La iniciativa quedó formalizada mediante la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este martes en el Boletín Oficial. La adhesión será voluntaria para las provincias, que deberán firmar un convenio y hacerse cargo de la compra, instalación, mantenimiento y supervisión de la tecnología. La Subsecretaría de Articulación Federal será la encargada de implementar el esquema junto con las jurisdicciones que adhieran.

El sistema permitirá identificar y bloquear tres elementos vinculados al uso de los teléfonos: el IMEI del aparato, el IMSI de la tarjeta SIM y la línea telefónica. A diferencia de los inhibidores generales, la tecnología apunta a detectar dispositivos específicos dentro de las zonas restringidas de las cárceles, sin afectar las comunicaciones en los alrededores. Si se generan interferencias sobre las redes externas, los equipos deberán ser apagados hasta solucionar el problema.

El procedimiento establece que los establecimientos deberán detectar los dispositivos activos y elaborar reportes con sus identificadores. Esa información será cargada diariamente en un servidor del Ministerio de Seguridad Nacional, que funcionará como intermediario entre las provincias y las empresas de telecomunicaciones. Una vez validada la solicitud, las compañías tendrán un plazo máximo de 48 horas para ejecutar el bloqueo y comunicar su cumplimiento.

El convenio también establece responsabilidades para las provincias, que deberán mantener registros actualizados, realizar auditorías y designar responsables operativos. Además, deberán disponer de espacios seguros para que determinados funcionarios y profesionales autorizados puedan dejar sus teléfonos antes de ingresar a las áreas sometidas a detección. El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años. En Santa Fe, la aplicación dependerá ahora de una eventual adhesión del gobierno provincial y de la definición de las unidades donde podría comenzar a implementarse.