Un conflicto por la expropiación
30/06/2025 | 15:33 | Los Eskenazi ingresaron a YPF junto a Néstor Kirchner sin inversión inicial. El Grupo Petersen adquirió acciones con la promesa de abonar a partir de las utilidades generadas.
Con la reciente orden de la justicia estadounidense, se inicia un nuevo capítulo en la historia de la Argentina con respecto a YPF. La justicia determinó que el país debe transferir el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo relacionado con su expropiación durante el gobierno de Cristina Kirchner. El panorama se complica debido a que Argentina ya ha sido condenada a abonar US$16.100 millones.
El origen de esta situación se remonta a 2008, cuando YPF era controlada por la empresa española Repsol. En ese año, Petersen Energía, una sociedad constituida en España, obtuvo un financiamiento de US$ 1.018 millones de un grupo de bancos que abarcaba Credit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa, así como de un préstamo adicional de Repsol por 1.015 millones, destinados a la adquisición del 14.9% de YPF.
Repsol dio autorización para que los pagos se realicen mediante las utilidades generadas por la misma YPF.
En 2011, la familia Eskenazi, dueña de Petersen, accedió a otro financiamiento de US$ 670 millones provenientes de un consorcio que incluía Banco Itaú, Standard Bank, Credit Suisse y Citi, además de una cantidad equivalente de Repsol para adquirir un 10% extra de la compañía. En todos estos casos, los fondos debían ser reembolsados con las ganancias de YPF. Sin embargo, tras la estatización de la empresa por parte de Cristina Kirchner, los bancos declararon el “default” en el pago de los préstamos.
A pesar de que los Eskenazi ya habían liquidado casi todo el primer préstamo y una parte del segundo, el contrato estipulaba que los bancos se quedarían con toda su tenencia accionaria. Ante esto, Petersen Energía pidió quiebra en España, donde emergió el fondo Burford, que compró los derechos de litigio por un importe de 15 millones de euros.
El liquidador español aceptó esta transacción, pero retuvo el 30% de cualquier compensación que pudiera recibir Burford. A nivel político y empresarial se ha comentado que los Eskenazi podrían beneficiarse de esta compensación, aunque portavoces de la empresa lo niegan categóricamente.
A continuación, se presenta el comunicado del Grupo Petersen dirigido a Noticias Argentinas:
El Grupo Petersen ingresó como socio de YPF a través de un acuerdo privado que se alineó con los estándares de mercado y contó con respaldo financiero de bancos internacionales reconocidos.
Este acuerdo fue diseñado con Repsol SA, entonces el accionista mayoritario de YPF SA, e implicó la compra por parte de Group Petersen de un 25 por ciento del capital social de YPF SA, dividido en dos fases: un primer tramos de 14,9% y una ampliación posterior con un 10,1% más.
La operación cumplió con todos los requisitos de transparencia y regulación fijados por las autoridades pertinentes en Argentina (CNV), España (CNMV) y Estados Unidos (SEC), y la información sigue siendo pública.
El proceso de entrada del Grupo Petersen en YPF demandó más de un año de negociaciones y se empezó con un préstamo de US$ 1.018 millones de un grupo de bancos que incluía Credit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa, más US$ 1.015 millones de Repsol a través de un “vendor's loan”, un tipo de financiamiento común en estos casos.
Para la segunda fase (2011), se gestionó un crédito de US$ 670 millones de un consorcio que incluyó Banco Itaú, Standard Bank, Credit Suisse, Santander y Citi, además de igual monto de Repsol.
Esas acusaciones sobre el uso de los “fondos de Santa Cruz” y su supuesta implicación en el ingreso del Grupo Petersen a YPF son infundadas y totalmente falsas.
El ingreso del Grupo Petersen en YPF se realizó mediante dos sociedades establecidas en España (exigencia de los prestamistas). Estas son Petersen Energía y Petersen Energía Inversora.
Luego de que el Estado Nacional asumiera el control de YPF SA, ambas sociedades vendieron todas las acciones que poseían como garantía de los préstamos, resultando en la pérdida de toda tenencia en YPF SA.
Ambas sociedades fueron concursadas y se inició un proceso de liquidación en la justicia comercial española, que asignó un administrador concursal.
Este administrador alegó que el Estado argentino, al expropiar el 51% de YPF de Repsol, debió haber lanzado una Oferta Pública (OPA) por la totalidad de la compañía, según los estatutos, lo que no ocurrió. Por lo tanto, consideró que las dos sociedades Petersen debían recibir una oferta por su 25%, lo que no se dio, y por ende tienen fundamentos para litigio contra el Estado argentino debido a los daños económicos sufridos.
Finalmente, el Grupo Petersen renunció explícitamente a litigar contra el Estado argentino. No inició la demanda ni cedió los derechos a Burford. Por ende, no está involucrado en esta acción judicial.
La justicia española, a cargo de la quiebra, fue quien subastó esos derechos a litigar, los que finalmente adquirió Burford (el mismo fondo que ganó un juicio contra Argentina por la expropiación de Aerolíneas).
Por lo tanto, Burford compró esos derechos a través de la justicia española, y posteriormente presentó su demanda contra Argentina en 2015 en tribunales de Nueva York, dado que las acciones de YPF cotizan en Wall Street.
El 9 de abril de 2015, ante las primeras noticias sobre la demanda de Burford, el Grupo Petersen emitió un comunicado aclarando su total desvinculación de cualquier proceso judicial relacionado con YPF.