Tras admitir su culpabilidad por corrupción, la exdiputada Janina Ortiz exige más de $120 millones

La diputada Janina Ortiz, quien pertenecía al bloque La Unión Mendocina y fue condenada junto a su pareja por corrupción en Mendoza, admitió su culpabilidad en un juicio abreviado y solicitó el pago de más de 120 millones de pesos en dietas atrasadas. Este caso marca un hecho inédito en la historia política de la provincia.

Ortiz fue funcionaria del municipio de Las Heras y luego resultó electa diputada, pero quedó suspendida en 2024 tras el inicio de la investigación por desvío de fondos. La Cámara de Diputados tomó la decisión de destituirla por unanimidad, contando incluso con el voto afirmativo de sus compañeros de espacio político.

A pesar de haber admitido el desvío de fondos, Ortiz reclama la liquidación de sus haberes durante el tiempo que duró la suspensión. No cobró desde que fue suspendida en 2024 y le reclama a la provincia más de 30 dietas no abonadas.

La exdiputada sostiene que, aunque fue condenada por corrupción, la percepción de sus haberes no debe verse afectada por su situación judicial. Sin embargo, diversos sectores cuestionan la validez ética y moral de su reclamo.

La decisión de la Cámara de destituirla se convierte en un punto de inflexión en la provincia, al tratarse de la primera vez desde la restitución de la democracia en que se adopta una medida de esta naturaleza contra un legislador. El caso ha reabierto un intenso debate sobre la ética en la función pública y la responsabilidad de los gobernantes.

Informe de Facundo Dimaría.