Reforma para la OA
20/06/2025 | 16:53 | La iniciativa busca convertir a la Oficina Anticorrupción en un organismo autónomo. La propuesta llegó tras el fallo controvertido del Criptogate que exoneró a Milei.
El senador Pablo Blanco, representante de Tierra del Fuego, presentó un proyecto de ley que propone establecer la Oficina Anticorrupción (OA) como un organismo independiente y con autarquía financiera. Este movimiento se produce a pocos días de que la OA exonerara al presidente Javier Milei en el polémico caso conocido como Criptogate.
El primer artículo de la iniciativa establece: "Créase la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, como organismo independiente con autonomía funcional, autarquía financiera y legitimación procesal".
El ámbito de acción de la OA abarcaría la "Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal".
El cargo de titular de la OA, actualmente designado por el jefe de Estado, tendría un rango equivalente al de un Ministro del Poder Ejecutivo. La duración en el puesto sería de cinco años y el nombramiento se realizaría a través de un "concurso público de oposición y antecedentes".
El cuarto artículo enfatiza que el titular gozará de independencia técnica y llevará a cabo sus funciones sin recibir instrucciones del presidente ni de ninguna otra autoridad superior del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
En sus fundamentos, el senador Blanco destacó que la "falta de independencia funcional y autarquía financiera provocó" que numerosas acciones de la OA resultaran "limitadas o dejadas de lado".
Blanco subrayó: "El hecho de que tanto sus funciones, atribuciones, estructura y jerarquía de quien fuera su titular dependan de un decreto simple, muestra la vulnerabilidad a la que se encuentra sometido dicho organismo, frente a aquellos a quienes debe investigar".
Para el legislador radical, resulta fundamental la sanción de una ley que eleve el estatus de la OA y le otorgue garantías de independencia, permitiéndole así cumplir sus funciones con eficacia y eficiencia.
Al concluir su presentación, Blanco criticó la decisión de la OA sobre el Criptogate y propuso modificar la ley 25.188 de Ética Pública para que los funcionarios alcancen a abstenerse de usar sus redes sociales personales para avalar, difundir o promover productos, servicios o empresas que se presuman como parte de una acción oficial, en función de su relación con el Estado.
En un fallo del 5 de junio, la OA, adscrita al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, determinó que el presidente Javier Milei no "infringió" la Ley de Ética Pública en relación con la difusión de la memecoin Libra.
De acuerdo con el artículo 1, Milei "no infringió la Ley N°25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública" debido a la difusión del proyecto privado 'Viva la Libertad Proyect' realizada el 14 de febrero de 2025 a través de su cuenta personal en la red social X @JMilei.
Esta defensa fue apoyada por el propio Milei y su entorno, quienes argumentaron que sus acciones no fueron en función de su rol como presidente, sino como un ciudadano más. La OA utilizó el término "difusión" en lugar de "promoción" para describir el evento que perturbó al Poder Ejecutivo a principios del año.
La causa que investiga el papel del presidente y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, continuaba en la Justicia Federal.