Corrupción
19/12/2025 | 15:22
Redacción Cadena 3
La Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que recibió 238.720 dólares incautados al empresario Lázaro Báez, además de poco más de 4 millones de pesos obtenidos de la subasta de dos aeronaves. La transferencia fue realizada por el Tribunal Oral Federal N°4 (TOF 4), presidido por el juez Néstor Costabel, en el marco del avance del decomiso de bienes dispuesto en la causa conocida como la “Ruta del dinero K”.
Según se detalló oficialmente, el procedimiento se inscribe en el cumplimiento de la orden judicial de recuperar activos hasta alcanzar un monto superior a los 60 millones de dólares, conforme a la condena dictada contra Báez por lavado de dinero.
A comienzos de este mes, la Corte puso en marcha el operativo para devolver al Estado los fondos y bienes decomisados al empresario condenado. Para ello, ordenó que los activos pasen a inscribirse registralmente a nombre del máximo tribunal, de acuerdo con lo establecido en los artículos 23 y 305 del Código Penal y el artículo 522 del Código Procesal Penal.
De acuerdo con la sentencia emitida en abril de 2021 por el TOF 4, el monto total a decomisar asciende a aproximadamente 61,13 millones de dólares, distribuidos en distintas partidas: 54,87 millones, 5 millones, 307.994 y 950.000 dólares. A esa cifra se suman alrededor de 4,17 millones de pesos, actualizados por inflación según el índice del Indec.
El fallo establecía que, una vez firme la condena, debía avanzarse con la ejecución del decomiso sobre todos los bienes embargados. Esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en febrero de 2023 y quedó definitivamente firme en mayo de 2025, cuando la Corte Suprema —con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— rechazó los recursos presentados por las defensas.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/El proceso de decomiso no estuvo exento de controversias. Tras conocerse la sentencia, el Gobierno nacional dictó el Decreto 575/2025, que creó un Consejo de Bienes Recuperados en el ámbito del Ministerio de Justicia, con el objetivo de supervisar los activos decomisados.
La medida generó tensiones con el Poder Judicial, ya que la Corte había establecido que la administración de estos bienes corresponde a los jueces penales, como garantía de independencia judicial. En ese contexto, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó una demanda al considerar que el decreto implicaba una intromisión en competencias propias del Poder Judicial.
En octubre de este año, el juez federal Pablo Cayssials dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación del decreto, al entender que alteraba de manera inconstitucional el sistema de gestión de bienes ilícitos y afectaba la autonomía de la Corte Suprema y su autarquía presupuestaria.
Durante la investigación, la Justicia determinó que entre diciembre de 2010 y abril de 2013 funcionó una organización criminal dedicada al lavado de dinero, vinculada principalmente a la empresa Austral Construcciones, que dirigía Báez. Las maniobras se realizaron a través de la financiera SGI, mediante un entramado que operó en el país y en el exterior.
Según se probó en el expediente, el esquema permitió la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso al país por un total de USD 54.872.866,69. El dinero era depositado en cuentas de bancos internacionales —generalmente en jurisdicciones con bajos controles fiscales— a nombre de distintas personas jurídicas, para luego ser canalizado mediante operaciones financieras que simulaban inversiones legítimas.
Además del episodio conocido como "La Rosadita", el tribunal dio por acreditadas otras maniobras de lavado independientes, como la compra de un campo en Mendoza (estancia El Carrizalejo) y de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, ubicado sobre la avenida Del Libertador, así como el pago de gastos del casamiento de Leonardo Fariña y Karina Jelinek y la adquisición de vehículos de alta gama.
Todos estos elementos formaron parte de la condena que hoy sustenta el proceso de recuperación de activos en favor del Estado.
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