Reactivan en Nueva York una demanda por datos del Indec durante el kirchnerismo

Un grupo de inversores encabezado por el fondo Aurelius Capital presentó una nueva demanda contra la Argentina en los tribunales de Nueva York por la supuesta manipulación de estadísticas oficiales durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La acción judicial, vinculada al denominado caso “Cupón PBI”, apunta al impago de los bonos atados al crecimiento correspondientes al año de referencia 2013 y reclama unos US$1300 millones más intereses.

La presentación reactiva un reclamo que había sido iniciado en 2024 y luego retirado de manera provisoria, a la espera de que quedara firme la apelación del litigio original presentado en 2019. Ese proceso ya concluyó, lo que habilitó a los demandantes a volver a insistir ante los tribunales estadounidenses.

El eje del conflicto son los bonos vinculados al crecimiento económico que la Argentina emitió en los canjes de deuda de 2005 y 2010. Esos instrumentos preveían pagos adicionales si el Producto Bruto Interno (PBI) superaba determinados umbrales. Según la posición de los acreedores, las condiciones para el pago se habrían cumplido en 2013, pero el Estado argentino no efectuó los desembolsos.

El reclamo económico asciende a unos US$1.300 millones, a los que se suman otros US$1.300 millones en concepto de intereses acumulados tras más de una década de controversias judiciales.

El argumento central de Aurelius y los demás demandantes apunta al cambio en la metodología de medición del PBI aplicado por el INDEC en ese período. En particular, cuestionan la modificación del año base utilizada para calcular el crecimiento a precios constantes, al considerar que ese ajuste alteró el resultado final que determinaba si correspondía o no pagar los cupones.

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En presentaciones previas ante la Justicia, los fondos sostuvieron que no existió un cambio real de magnitud en la actividad económica, sino una variación en el criterio estadístico empleado para medirla. Para los acreedores, esa decisión tuvo un impacto directo sobre el resultado del PBI de 2013. La Argentina, en cambio, siempre rechazó esas acusaciones y defendió la validez técnica del cambio metodológico.

La causa volvió a quedar bajo la órbita de la jueza Loretta Preska, del distrito sur de Nueva York, quien también interviene en otros litigios de alto impacto contra el país, como el juicio por la expropiación de YPF.

El recorrido judicial del caso se extiende desde 2019, cuando Aurelius inició la primera demanda por el Cupón PBI. En septiembre de 2024, la Cámara de Apelaciones de Nueva York falló a favor de la Argentina, lo que llevó al fondo a corregir aspectos procesales y a presentar nuevas acciones. Algunas fueron rechazadas en primera instancia por cuestiones formales y otras quedaron en suspenso.

En esta nueva etapa, el foco está puesto en fallos dictados en el Reino Unido, donde la Argentina enfrenta una condena por más de US$1.500 millones. Según el planteo presentado en Nueva York, los tribunales británicos emitieron en 2024 sentencias definitivas e inapelables contrarias al país, que aún no habrían sido cumplidas.

Para Aurelius, esas decisiones deberían tener carácter vinculante en Estados Unidos y reforzar su posición para avanzar con acciones de ejecución o forzar una negociación. Mientras tanto, los intereses seguirían acumulándose sobre el monto original reclamado.

Aurelius Capital es un actor conocido en la historia del default argentino. Fue uno de los fondos que litigaron durante años contra el país y que alcanzaron un acuerdo en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, tras ese arreglo, decidió continuar con acciones específicas vinculadas a la causa del Cupón PBI.