Principio de acuerdo entre Argentina y dos fondos buitre por el default de 2001

El Gobierno argentino informó que alcanzó un principio de acuerdo con dos fondos acreedores que mantenían demandas vinculadas al default de 2001 y que contaban con sentencias firmes por alrededor de US$500 millones.

El entendimiento fue comunicado ante la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, quien interviene en los litigios contra la Argentina por la cesación de pagos declarada en 2001.

Según la presentación realizada ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los abogados que representan al Estado argentino y a los acreedores informaron que alcanzaron un acuerdo preliminar y solicitaron suspender el proceso judicial mientras se terminan de definir los términos finales.

El entendimiento involucra a los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund, que mantenían litigios activos contra el país derivados de la deuda en default.

Ambos contaban con fallos firmes a su favor. En el caso de Bainbridge, la Justicia estadounidense había reconocido una deuda de unos US$95 millones más intereses. Attestor, en tanto, tenía una sentencia por aproximadamente US$460 millones.

Como parte de sus intentos de cobro, estos fondos impulsaron durante años distintas medidas judiciales para embargar activos argentinos en el exterior.

Attestor incluso había logrado embargar US$209 millones correspondientes al colateral de los bonos Brady que la Argentina mantenía depositados en Nueva York. Sin embargo, la jueza Preska había congelado US$100 millones de ese monto hasta que los acreedores definieran cómo se repartiría el cobro.

Según la comunicación presentada ante el tribunal, los fondos informaron que ya alcanzaron un entendimiento sobre ese dinero.

El avance en las negociaciones llevó a las partes a solicitar la suspensión de las actuaciones judiciales en curso. En particular, pidieron dejar en pausa una presentación realizada por Bainbridge en octubre de 2025, en la que el fondo había solicitado el embargo de acciones del Estado en el Banco de la Nación Argentina y en Aerolíneas Argentinas como forma de cobro.

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Ese pedido quedaría momentáneamente sin efecto mientras se avanza en la formalización del acuerdo. El escrito indica que el tribunal será informado más adelante sobre el estado de las negociaciones y sobre cualquier eventual necesidad de reactivar el litigio.

La presentación, sin embargo, no menciona otra iniciativa judicial impulsada por Bainbridge vinculada a un pedido de traspaso de acciones de YPF en manos del Estado argentino.

El analista de Latam Advisors, Sebastián Maril, sostuvo que se trata del primer caso de este tipo que se encamina a cerrarse durante el gobierno de Javier Milei.

"Este es el primer caso de la era Milei que se cierra como consecuencia de haber satisfecho las necesidades financieras de los demandantes. La Argentina no pagó, sino que la embargaron y, como los demandantes se dan por cobrados, se cierra el caso", explicó.

El conflicto con estos acreedores forma parte de los litigios derivados del default de 2001, que dio lugar a extensas disputas judiciales en tribunales internacionales.

En los años posteriores, el país llevó adelante reestructuraciones de deuda en 2005 y 2010 que lograron una adhesión mayoritaria de bonistas. Luego, en 2016, el gobierno argentino alcanzó acuerdos con la mayor parte de los llamados holdouts, lo que permitió cerrar la mayoría de las demandas abiertas en Nueva York.

Un grupo reducido de acreedores, sin embargo, decidió continuar con sus reclamos judiciales. Ese remanente de litigios es el que ahora comenzó a resolverse con el entendimiento preliminar informado ante la jueza Preska.