Piden investigar a la jueza Makintach por el documental sobre Maradona

La abogada penalista Silvina Fernández Rosarno exigió que se comience una indagación sobre el documental "Justicia Divina", que estaba siendo preparado por la magistrada Julieta Makintach.

Esta petición surgió tras la destitución de la jueza, atribuida a su vinculación con el juicio por la muerte de Diego Maradona. Fernández Rosarno destacó que hay un "negocio detrás" de esta situación, donde no solo la magistrada estaría involucrada, sino otros actores relacionados que también tendrían responsabilidades.

Fernández Rosarno subrayó que la magnitud del negocio involucrado llevó a Makintach a despreciar su trayectoria como jurista. Indicó que, al optar por el beneficio económico del documental, la jueza eligió arriesgarlo todo. 

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"No podemos ser ingenuos; esto no constituye un simple error, ni es solo cuestión de vanidad. Existe un nexo directo entre la ambición y la decisión de perder su carrera en función de las ganancias esperadas", aseguró a ATP Radio.

El procurador General de Buenos Aires, Julio Conte Grand, ya ha comenzado a evaluar varios delitos penales relacionados, tales como incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y malversación de fondos. 

Sin embargo, Fernández Rosarno hizo hincapié en que no se está considerando la figura legal de negociaciones incompatibles con el desempeño público, que acarrea severas sanciones, incluida la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La letrada criticó no solo a la jueza destituida, sino también a otros magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Isidro, como Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, acusándolos de estar al tanto de lo que acontecía. Afirmó que al ocupar posiciones relevantes en el tribunal, era inverosímil que desconocieran la situación presente.

Fernández Rosarno comparó este caso con prácticas de crimen organizado, donde existen múltiples niveles operativos y conexiones entre diferentes involucrados. Aseguró que la conducta de Makintach podría ser considerada como parte de una asociación ilícita debido a la colaboración de diversas figuras en la planificación del rodaje en el tribunal. Enfatizó la necesidad de realizar una investigación exhaustiva para mantener la dignidad institucional.

"La jueza suspendida sigue cobrando su salario mientras se lleva a cabo la investigación. Es fundamental que estas indagaciones se efectúen para restablecer la confianza en la Justicia", afirmó. 

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