Crisis legislativa en el oficialismo
28/06/2025 | | La oposición ha logrado que Milei pierda el control de la agenda en Diputados, incapaz de sostener vetos a leyes clave como la de jubilaciones, lo que limita su capacidad de acción.
La Libertad Avanza (LLA) no logró recuperar la iniciativa en la Cámara de Diputados durante más de dos meses, donde un amplio frente de la oposición asumió el control de la agenda y orilló al oficialismo a sancionar proyectos sobre jubilaciones y discapacidad.
Los representantes libertarios, apoyados por aliados, alcanzaron el 19 de marzo la aprobación de un DNU que habilitaba la firma de un acuerdo con el FMI para la renegociación de la deuda y el fortalecimiento de reservas, este se constituyó como el único éxito del año.
Con posterioridad a esa validación, los opositores más resueltos, como Unión por la Patria, los radicales de Democracia para Siempre -bajo la conducción de Martín Lousteau y Facundo Manes-, la Coalición Cívica y Encuentro Federal formaron un grupo de trabajo que mantiene en aprietos a LLA.
Aunque su dinámica evoca lo que fue el Grupo A, creado tras la derrota del kirchnerismo en la votación sobre el campo, no controlan -como en ese entonces- comisiones fundamentales dentro del cuerpo legislativo.
Desde abril, los opositores lograron presionar al oficialismo y sus socios del PRO y de los radicales, ya que formaron una comisión investigadora por la estafa de la criptomoneda. A pesar de no avanzar significativamente, se logró colocar el tema en la agenda y aprobar legislaciones relativas a jubilaciones y discapacidad.
Fuentes de la oposición afirmaron que los libertarios “están colgados del travesaño” intentando recibir el menor número de golpes, esperando que el receso y la campaña electoral frenen la actividad legislativa, creyendo que en diciembre contarán con un bloque que les permita equilibrar las fuerzas.
Consultadas fuentes del ámbito parlamentario señalaron que LLA no logra forjar consensos para avanzar en iniciativas clave para el Gobierno, entre ellas el proyecto de Inocencia Fiscal, destinado a ofrecer seguridad jurídica a los ciudadanos que utilizan dólares no declarados.
Dicha propuesta fue enviada el 5 de junio, pero hasta la fecha no se ha convocado a un plenario de comisiones de Presupuesto, Legislación Penal y Legislación General para abrir un debate, debido a las dificultades para obtener las firmas requeridas en la comisión de Presupuesto.
Durante los inicios del año, los libertarios contaban con la tranquilidad de que un tercio podría garantizar el respaldo a cualquier veto del Gobierno, tal como ocurrió el año anterior cuando se rechazaron los proyectos de aumentos jubilatorios y del Presupuesto Universitario.
Actualmente, LLA posee solo 39 legisladores y cuenta con el respaldo firme de unos 22 miembros del PRO más cercanos al Gobierno -donde dos responden a Horacio Rodríguez Larreta y 10 son del macrismo- junto con tres del Mid, seis radicales y uno de Somos Fueguinos y Creo, formando un total de 72 legisladores, menos de los 87 necesarios para validar los vetos.
Además, los ocho representantes de Innovación Federal, vinculados a los gobernadores de Salta, Río Negro y Misiones, así como los tres de Independencia, que mantienen conexión con el mandatario tucumano Osvaldo Jaldo, y los dos de Producción y Trabajo se muestran reacios a respaldar al oficialismo.
El proyecto de jubilaciones fue aprobado con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones (de UCR y PRO).
En dicha ocasión, aliados del oficialismo como el Movimiento Popular Neuquino, Producción y Trabajo, Transformación (Lourdes Arrieta) y Por Santa Cruz votaron en contra del Gobierno. A su vez, gran parte de la UCR se abstuvo y un número significativo del PRO manifestó su rechazo.
La atención del oficialismo en la cámara baja también se dirige al Senado, donde se busca dilatar la sanción de los proyectos sobre jubilaciones y discapacidad o, en caso de que sean aprobados, el Gobierno recurrirá al veto.
La presidenta de la Comisión de Previsión Social del Senado, Carmen Álvarez Rivero, pretende coordinar con su colega de Presupuesto, Ezequiel Atauche, para iniciar esta semana la discusión sobre el proyecto de jubilaciones que establece un incremento del 7,2 por ciento que se adicionará al haber mensual, sirviendo como base para futuros incrementos.
El proyecto también incrementa el salario mínimo de 70 mil a 110 mil y establece que se actualizará de acuerdo a la inflación, de la misma manera que el resto de las prestaciones jubilatorias.
Adicionalmente, este proyectó ratifica el decreto presidencial 274/2024, que estipula que jubilaciones y pensiones se actualizarán basado en el índice inflacionario.
Asimismo, se incorporan modificaciones tributarias que, según los opositores, equilibrarían el impacto fiscal que solo en relación a los aumentos jubilatorios representa un 0,8 del PBI, equivalentes a aproximadamente 6.800 millones de pesos.
Proponen también incluir un artículo que derogaría la exención del IVA para directores de empresas y el impuesto a las ganancias para sociedades de garantías recíprocas, además de estipular que se readecuen las partidas para utilizar los 32.616 millones de pesos asignados a la SIDE.
Finalmente, sugieren que se utilice el ahorro proveniente de la reducción de tasas del FMI y la nacionalización de los ingresos generados por los registros de vehículos.
Otro aspecto del proyecto se relaciona con las cajas jubilatorias, proponiendo que la ANSES transfiera antes del 20 de cada mes un anticipo mensual equivalente a una doceava parte de lo recaudado durante el último año a las provincias que no han cedido sus cajas previsionales a la Nación, lo que representa un impacto equivalente al 0,5 por ciento del PBI.